l caso de la menor Paulette Gebara Farah –quien fue reportada como desparecida el pasado 22 de marzo, y hallada muerta en su domicilio nueve días después– ha estado marcado por un desempeño desastroso de la Procuraduría General de Justicia del estado de México (PGJEM). Luego de que el pasado domingo un juez dictaminó levantar el arraigo a los padres y a las cuidadoras de la niña de cuatro años, el procurador mexiquense, Alberto Bazbaz Sacal, sostuvo ayer en una entrevista televisiva que la dependencia a su cargo buscará la ayuda de científicos para determinar las circunstancias y la fecha exacta de la muerte de la menor. Señaló que le evidencia obtenida hasta ahora no es concluyente y se negó a dar un plazo para conocer los resultados de las pesquisas correspondientes.

Tales declaraciones constituyen una confesión de la ineptitud de la PGJEM y permiten ponderar lo enmarañadas que se encuentran las investigaciones, viciadas de origen a consecuencia de errores garrafales: no otra cosa es la decisión de no preservar intacta la habitación de la pequeña, pese a que fue el último lugar en que se le vio con vida, por lo cual debería haber sido considerado un escenario clave en las investigaciones. Por el contrario, las autoridades mexiquenses no sólo no resguardaron el sitio, sino incluso permitieron el desarrollo de entrevistas televisivas en el mismo, en clara muestra de una postura complaciente de las autoridades hacia ciertos medios de comunicación. A lo anterior deben añadirse los choques declarativos en que ha incurrido el propio Bazbaz, quien, tras dar a conocer el hallazgo del cuerpo de la menor, dijo estar seguro de que se trata de un homicidio, y ayer señaló, en cambio, que no se puede asegurar que la muerte haya sido directamente provocada por una tercera persona. Con este comportamiento errático, las autoridades han contribuido a que en la sociedad surja la sospecha de que existe una voluntad de enredar todavía más las investigaciones.

Desde otro punto de vista, la ligereza con que las autoridades mexiquenses han hecho uso de la figura del arraigo en este episodio es sintomática de un empleo abusivo e injustificado –característico de los mecanismos de procuración de justicia en todo el país– de esa medida, que rompe, cabe recordarlo, con el principio constitucional de presunción de inocencia. El carácter intrínsecamente inaceptable del arraigo se agrava con los vicios existentes en las procuradurías estatales y federal, como son la falta de rigor para seguir los procedimientos establecidos –particularmente visible en el caso aquí referido–, la fabricación de culpables o la corrupción, y es necesario, por tanto, que dicha figura sea abolida y erradicada de las prácticas de las corporaciones policiales.

Los hechos comentados exhiben también un doble rasero en los medios y en la sociedad en general, pues mientras la muerte de la niña de cuatro años ha generado una gran cobertura informativa, así como expresiones de repudio generalizado –sin du- da comprensibles y justificados–, muchas otras muertes trágicas de inocentes en todo el territorio nacional han pasado prácticamente inadvertidas por la atención pública y mediática.

En suma, y ante los elementos de juicio mencionados, es claro que el comportamiento actual de la PGJEM da continuidad a vicios y manejos impresentables que persisten en los aparatos de procuración de justicia, y constituyen un lastre fundamental para el cabal esclarecimiento de este caso.

Una responsabilidad principal de la dependencia encabezada por Bazbaz es el esclarecimiento cabal y convincente de esta muerte, y en tanto eso no ocurra, la procuración de justicia en el país profundi- zará su descrédito y el nivel de desconfianza de la población en las instituciones del país.