l actual proceso de desmoronamiento político y social ha tenido entre sus causas una reiterada violación del marco legal y la institucionalidad, a tal grado que entre la población se ha asentado la convicción de que el sistema en conjunto actúa contra los intereses de las mayorías y en beneficio de las cúpulas, que a su conveniencia manejan los asuntos jurídicos y la operación gubernamental. Eso ha pasado reiteradamente en México, donde se acumulan los expedientes en espera ya ni siquiera de justicia (aspiración máxima), sino de, al menos, la debida sujeción procesal y el cumplimiento básico de las tareas de indagación y esclarecimiento.

El caso de la asesinada niña Paulette subraya con total descaro las diferencias de tratamiento que el poder asigna a cada cual conforme a su circunstancia, pero no es el único. Ayer mismo se cumplieron 10 meses del aún confuso incidente en que perecieron 49 pequeños en Hermosillo, sin que a la fecha haya castigo proporcional y verificable para los principales responsables. Desde luego, los apellidos de elite que se vieron involucrados en este doloroso episodio gozan de libertad y tienen garantizada la impunidad que bien sabida era desde que se conoció que los concesionarios de la guardería pertenecían a familias de alto poder económico en Sonora, relacionadas tanto con el priísmo del entonces gobernador Eduardo Bours como con la familia de la esposa del actual ocupante de Los Pinos. Dado que el estado de derecho les ha proporcionado injusto alejamiento de los reflectores y los barrotes, recordemos aquí sus nombres para que no triunfe la desmemoria: Alfonso Escalante Hoeffer, Sandra Téllez de Escalante, Antonio Salido, Gildardo Urquídez Serrano y Marcia Matilde Gómez del Campo.

Tampoco ha habido más sanción que una acusatoria referencia pública de una comisión de magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los jefes administrativos y políticos que permitieron que se incubara la desgracia del 5 de junio del año pasado: el propio Bours goza de su gran riqueza, si acaso con la molestia pasajera de que aprovechando los momentos fúnebres le fue arrebatada la gubernatura del estado que él preveía dejar en un guardaespaldas de tres colores, y otro gran responsable, Juan Molinar Horcasitas, continúa trastornando el servicio público, dedicado a las intrigas y la politiquería, ahora en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes como antes estuvo en el Seguro Social, áreas ambas de las que no tenía conocimientos profesionales justificatorios a la hora de ser encaramado en los cargos merced a una densa relación política con Felipe Calderón.

Larga sería la lista de los casos notables en que la justicia ha dejado de impartirse, y en cambio se han establecido la impunidad y la burla. Allí está el ejemplo de Ignacio del Valle, el dirigente de los pobladores de San Salvador Atenco que es mantenido en prisión de alta seguridad, sometido a presiones y castigos. Y los muertos de Oaxaca, entre ellos el periodista independiente Brad Will. Y los jóvenes asesinados en Ciudad Juárez y en Monterrey. Más las decenas de violaciones diarias a la legalidad que fuerzas armadas, civiles y militares, cometen por todo el país a cuenta y cuento de la guerra contra el narcotráfico ordenada por el bien blindado Felipe.

No hay ni habrá paz verdadera, convivencia social auténtica ni desenvolvimiento respetable y respetado de los procesos institucionales mientras continúe la barbarie estatuida por las elites. Hoy, el respeto mínimo al derecho básico es la paz (aun cuando esa legalidad haya sido creada, sea sostenida y tenga como fin la defensa de la visión y los intereses de esas elites: aun así es importante restituir su observancia elemental, cuando menos que su atropellamiento sea menos frecuente y ostentoso. ¡Vaya consuelo!).

Astillas

Con base en tantos golpes sucios, la administración caciquil de Miguel Ángel Osorio Chong está haciendo crecer la precandidatura de Xóchitl Gálvez. Ayer hubo abierta demostración de manejos aberrantes durante un programa transmitido por un canal de televisión del gobierno estatal, en el que se dejó a la ex funcionaria foxista que hablara sin interlocución alguna, con una enfurruñada conductora oficial a un lado que con su silencio y gesticulaciones mostraba el enfado que les causó a los priístas la correcta exigencia que Gálvez hizo de equilibrio y apertura informativa para su aspiración electoral, pues hasta ese momento la televisión oficial solamente había dado tribuna a quienes encajan en la estrategia electoral del citado Osorio Chong, entre otros, por ejemplo, al perredista José Guadarrama, cuya oposición a Gálvez es potenciada y difundida por los medios controlados por el cacicazgo priísta. Lamentable la actitud de la conductora del programa, Patricia del Villar (una de esas vergüenzas imborrables), mientras Gálvez se enfrentaba en solitario, escenográficamente abandonada, a las decenas de minutos que le dieron para que presentara sus propuestas... La página electrónica de la Cofetel sigue con el rústico engaño de su contador de celulares inscritos en el Renaut que, como ayer se denunció aquí, es una tomadura de pelo construida a partir de la suma progresiva de un presunto registro cada segundo, haiga pasado lo que haiga pasado. La mentirosa forma de aparentar que los mexicanos se están anotando en ese sospechoso registro, y el hecho de que cada cual se pueda inscribir usando datos de cualquier otra persona, pues no hay formas de verificar nada, abona la percepción de que todo es un mal truco que puede devenir en ocurrencias o trácalas varias... Y, mientras avanzan los sólidos planes estadunidenses para hacerse del petróleo mexicano transfronterizo, con el silencio cómplice (o la asociación privada) de los encargados formales del gobierno de paja, ¡hasta mañana, en esta columna que ve disparar desde Los Pinos dardos antimonopolio con destinatarios en una franja empresarial que en el rediseño violento del país se pretende ablandar o debilitar para dar paso a nuevos arreglos compartidos!

Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx