En una acción sin precedentes, un grupo de desconocidos lanzó ayer una granada de fragmentación a la unidad habitacional militar ubicada en el Campo Militar de Tancol, Tamaulipas. El hecho fue calificado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) de ataque cobarde.

De acuerdo con la comandancia de la octava Zona Militar, ningún habitante resultó lesionado, aunque dos elementos de tropa sufrieron heridas y reciben atención médica.

La Sedena informó lo anterior en un comunicado en el que precisó que integrantes de la delincuencia organizada lanzaron la granada donde viven familias del personal militar destacamentado en esa localidad, que forma parte de la zona conurbada de la ciudad de Reynosa.

Fuentes castrenses comentaron que, al menos desde que se inició la guerra contra el narcotráfico en la administración del presidente Felipe Calderón, no se tenía precedente de que miembros del crimen organizado atacaran las instalaciones en las que viven los familiares de los soldados.

Después de la agresión, se señala en el texto, personal de las fuerzas de reacción de la Sedena salieron de inmediato a perseguir a los agresores y metros adelante de las instalaciones castrenses localizaron abandonado el vehículo en el que se transportaban los sujetos. En el interior del auto fueron halladas tres armas largas, dos cortas y una granada.

Al igual que en días pasados, cuando dio cuenta de diversas agresiones que ha sufrido el personal militar en Tamaulipas, principalmente en Reynosa, la Sedena aseveró que estas agresiones ponen de manifiesto que la delincuencia organizada se encuentra minimizada en sus estructuras operativa y financiera, llegando a realizar actos desesperados, como son el agredir a las familias de los integrantes del instituto armado.

Paralelamente, el gobierno de Tamaulipas informó que un grupo armado atacó la tarde de este lunes, en el municipio de San Fernando, a elementos de la policía rural. Mataron a dos agentes y secuestraron a un comandante y a un elemento de la corporación.

Arraigan a policías ligados a zetas

Once elementos de la Dirección de Seguridad Pública de Ojuelos –municipio de la región Altos de Jalisco– permanecerán en arraigo durante 30 días, por su presunta labor al servicio del cártel de Los Zetas, informó el procurador general de Justicia de la entidad, Tomás Coronado. Entre los detenidos se encuentra el subdirector operativo de la corporación, Álvaro de Jesús Mascorro, además de dos comandantes y ocho policías, quienes fueron detenidos el 31 de marzo en un operativo policiaco-militar.

En tanto, la semana comenzó con 28 asesinatos atribuidos al crimen organizado en Chihuahua, Durango, Sinaloa, Coahuila, Sonora y Nuevo León.

Destaca lo ocurrido en Mazatlán, Sinaloa, donde cinco jóvenes que viajaban en un automóvil fueron ultimados a tiros por un comando que los atacó desde un vehículo en movimiento.

En la capital de Durango, el abogado Rafael Domínguez Puente fue acribillado de 265 disparos, cuando salía de su vivienda, en el fraccionamiento residencial campestre La Martinica.

Una de las nueve ejecuciones perpetradas ayer en Chihuahua fue la de Mario Eduardo Luján Chávez, agente del Centro de Inteligencia Policial, de la secretaría estatal de Seguridad Pública.

Mientras, en un puente peatonal de La Paz, Baja California Sur, fue colocada una manta con amenazas al secretario general de Gobierno, Luis Armando Díaz, firmadas por El Cártel.

Con información de Mauricio Ferrer, Rubén Villalpando, Javier Valdez, Julio C. Ramírez, Ulises Gutiérrez, David Carrizales, Raymundo León y la corresponsalía en Durango