La iniciativa de reformas en materia antimonopolios del presidente Felipe Calderón fue turnada a comisiones en la Cámara de Diputados, mientras el PRI y el PRD advirtieron que el legajo será examinado y comparado con los proyectos de ley que existen de tiempo atrás en la Comisión de Economía de San Lázaro.

Idelfonso Guajardo, representante del PRI y presidente de la citada comisión, lamentó la tardanza del Ejecutivo federal y no le concedió oportunidad a la iniciativa de ser aprobada en sus términos en el actual periodo ordinario de sesiones.

Lamentablemente esta propuesta llega siete meses después de haber sido ofrecida, lo cual nos reduce solamente a tres semanas y media el proceso de deliberación, para intentar sacarlo antes del 30 de abril, como es el objetivo propuesto por la comisión. Sin embargo, la buena noticia es que todos los actores económicos, los agentes regulados, el agente regulador y todos los expertos coinciden en las áreas donde la Ley de Competencia Económica tiene que ser reformada.

Apenas comienza el debate

El debate apenas se inicia, en términos de definir las propuestas específicas en cada uno de los puntos, o sea, tenemos los diferentes posicionamientos y ahora empieza justamente la elaboración oficial de un predictamen específico, porque tuvimos el respeto de escuchar la experiencia a través de una iniciativa del agente regulador.

–¿Cómo evitar que en el Congreso de la Unión los cabilderos de los grandes monopolios impidan una reforma?

–En este tema todos estamos conscientes de que las reformas son necesarias, incluyendo los agentes regulados, porque hoy en día se dirimen más los casos en la opinión pública, más que con la ley en la mano.  

–¿Y no sería necesaria una reforma constitucional?

–De hecho la Ley de Competencia Económica regula, o reglamenta más bien, el capítulo 28 constitucional, que habla sobre regulación de mercados, libre concurrencia, competencia y combate a los monopolios.

–Pero ¿quién va a ser el encargado de que se aplique? Porque las televisoras vetan a todo aquel que pretende normar su actividad?

–Trabajar en un marco legal fortalecido es para darnos un instrumento claro y transparente de cómo medir las concentraciones de mercado dañinas a la libre competencia. Lo que no debemos hacer es enjuiciar anticipadamente a los agentes económicos, porque sería irresponsable.

En su turno, Armando Ríos Piter, del PRD, consideró que en materia de competencia se requieren más acciones y menos sanciones, que todo el engranaje institucional que tiene que ver con los juzgados, y especialmente con mayor presupuesto, para que verdaderamente tengamos especialistas connotados en la CFC y que esté fortalecida para enfrentar los amparos que se generen desde estas grandes empresas, que tienen muchos millones en recursos contra las instituciones. Al final se trata de hacer que la economía tenga mejor capacidad distributiva, en un país en el que hemos generado muy pocos ricos y muchos pobres, sostuvo.

Emplazan ONG a legisladores

La intervención directa de la Comisión Federal de Competencia (CFC) en otros órganos reguladores logrará que dejen de estar capturados por las empresas que deberían tener bajo control, aseguraron representantes de organizaciones no gubernamentales.

Miembros de El Barzón, Oxfam y El Poder del Consumidor consideraron que la iniciativa de reforma a la ley por la que se rige el órgano antimonopolios beneficiará a los consumidores, pero, advirtieron, todo depende de que los legisladores aprueben la iniciativa y antepongan los intereses de los mexicanos a los personales y los de sus partidos, sobre todo en este momento en que que habrá 12 procesos electorales.

Los empresarios ven con buenos ojos la iniciativa antimonopolios del Presidente, pero también expresaron reservas. Los analistas han externado simpatía por la iniciativa, sobre todo porque se trata de un proyecto que podría traer importantes beneficios para los consumidores.

Sin embargo, hay críticas importantes relacionadas con el hecho de que la iniciativa omite el tema de los monopolios de Estado, donde es pública la impunidad y la corrupción que imperan en empresas publicas como Pemex y la CFE. Del otro lado hay quienes alzan la voz exigiendo que el presidente también ponga cuidado en otro monopolio que requiere cirugía mayor, y que es el monopolio del uso de la fuerza, para garantizar la seguridad y la tranquilidad de los mexicanos.

Alfonso Ramírez Cuéllar, de El Barzón, aseguró que la presencia de monopolios en México encarece 40 por ciento los productos y servicios que ofrecen en perjuicio directo de las familias más pobres del país.

Dolores Ortega, de Oxfam, detalló que las familias mexicanas trasladan 75 millones de pesos anuales a las ganancias de las empresas monopólicas por el sobrecosto que representa la falta de competencia. Esto también tiene un impacto de 3 por ciento en el producto interno bruto (PIB).

Alejandro Calvillo, de El Poder del Consumidor, consideró que al dotar de nuevas facultades a la CFC será indispensable cuidar que los comisionados que la integren sean independientes y no tengan vínculos con el sector privado, a fin de evitar que sean capturados por las empresas a las que deben regular.

La Cámara Nacional de la Industria de Telecomunicaciones por Cable (Canitec) señaló que la propuesta gubernamental es acertada, sobre todo para el sector de las telecomunicaciones, porque el retraso en esta industria es grave. Criticó el trabajo de la CFC, que ha sido insuficiente en los últimos años, por lo que perfeccionar la Ley Federal de Competencia Económica es necesario para que el regulador pueda emprender sin pretextos una transformación en la competencia de sectores estratégicos del país.

No obstante, la Canitec, que preside Alejandro Puente, está vinculada con Televisa y ha sido acusada por sus propios integrantes de tener control y condicionar la venta de contenidos televisivos, práctica castigada por la CFC. Asimismo, miembros de la industria de las telecomunicaciones han acusado a la Canitec de tener monopolios regionales a través de las empresas de televisión por cable que la integran, entre las que destacan las de Televisa: Cablevisión, Cablevisión Monterrey y Cablemás.

La Canitec también ha sido uno de los críticos más férreos de Teléfonos de México y de las empresas de Carlos Slim, así como el más duro opositor a que Telmex entre al negocio del triple play.

Los cableros consideraron urgente transparentar las decisiones de la CFC para dar certeza a los actores y a la sociedad de que sus decisiones son tomadas con base en criterios de competencia económica, y sobre todo, en la ley, de manera coherente y sistemática.