Guadalajara, Jal., 6 de abril. Trabajadores del gobierno estatal y de varios municipios obtuvieron una suspensión definitiva contra las modificaciones a la Ley de Pensiones de Jalisco aprobadas el 12 de noviembre pasado, luego que el tribunal colegiado en materia de trabajo del tercer circuito ratificó la decisión del juez primero de distrito en materia administrativa, lo cual impedirá que a 2 mil burócratas les cobren descuentos crecientes en sus nóminas.

La reforma de pensiones prevé, entre otras medidas, aumentar cada año las cuotas que se descuentan vía nómina para el fondo de retiro, y permite al presidente del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (IPEJ), Óscar García Manzano, disponer de 89 millones de dólares de ese fondo para invertirlos en uno de los cuatro proyectos turísticos que se desarrollan en la región de la Costa Alegre del estado.

Según los inconformes, la suspensión definitiva obliga al IPEJ a revertir el aumento de las cuotas, de 5.5 por ciento actual hasta 11 por ciento, pero también limitaría las facultades del presidente y del consejo directivo del IPEJ para disponer de los ahorros de los trabajadores.

La reforma, aprobada por unanimidad por la anterior legislatura, de mayoría panista, ha sido impugnada desde noviembre por sindicatos no oficialistas, que solicitaron amparos.

La resolución del Poder Judicial, agregaron los inconformes, confirma la inconstitucionalidad de la reforma y podría hacerse extensiva a todos los afectados.

La primera resolución favoreció a la Federación de Sindicatos de Jalisco y forma parte del expediente 2041/2009. Esa decisión fue impugnada por el IPEJ mediante el recurso de revisión 117/2010, pero finalmente se ratificó la resolución en favor de los inconformes.

En febrero, el presidente del IPEJ y el gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, anunciaron que el instituto se asociaría con la empresa Rasaland para construir en Chalacatepec lo que el mandatario panista llamó un nuevo Cancún.