on un retraso superior a tres años –de acuerdo con su calendario de campaña–, el inquilino de Los Pinos presentó en sociedad una iniciativa de reforma a la Ley Federal de Competencia Económica y al Código Penal Federal, y la envió a la Cámara de Diputados con el fin de endurecer las sanciones a las empresas que incurran en prácticas monopólicas, de manera que podrían hacerse acreedoras a una multa hasta de 10 por ciento de sus ingresos anuales, y sus directivos sometidos a prisión hasta por diez años.

Mejor tarde que nunca, cacarearán los orgánicos del sí, pero en caso de que los inquilinos de San Lázaro la aprueben y en el entendido de que ninguna ley es retroactiva, tal iniciativa se presenta cuando la actividad económica ya está perfectamente amarrada por monopolios, duopolios y oligopolios, como resultado del modelo que tanto presumen en el gobierno y defienden a capa y espada, es decir, el gran logro acumulado en casi tres décadas de libre competencia, oportunidades iguales para todos y demás frases propagandísticas utilizadas por los distintos gerentes que han pasado por Los Pinos durante ese lapso, que sí registraron el grueso financiamiento de los grandes consorcios a sus campañas electorales, pero (¡qué creen!) o se dieron cuenta de la espeluznante concentración del ingreso y la riqueza, el reparto del pastel en unas cuantas manos (50 por ciento del PIB para 100 grupos empresariales, aunque algunas rebanadas son más gruesas que otras), los pésimos servicios con elevadísimos precios, la competencia inexistente, la especulación a todo lo que da y el creciente daño a los consumidores.

La idea central es que la Comisión Federal de Competencia (el ente encargado de evitar prácticas monopólicas) tenga dientes, porque a alguien se olvidó darle su ración, de tal suerte que ahora hay que fabricarle una prótesis con afilados colmillos de plástico, para combatir, dice el inquilino de Los Pinos, a monopolios, duopolios y oligopolios que profundizaron la crisis en un país que oficialmente nunca la tuvo, porque fue externa. Verborrea pura, cuando es por todos conocido y padecido que estos grupos han crecido, se han fortalecido y se han convertido en el centro de las decisiones políticas y económicas gracias a las generosas concesiones del poder público a cambio de desinteresados financiamientos de campañas electorales.

La del inquilino de Los Pinos, según él mismo, es una iniciativa pensada para que el ama de casa, el profesionista, el estudiante, todos los mexicanos, puedan tener acceso a mejores productos y servicios con menores precios. Qué bueno (si es que la aprueban), pero no da luz sobre por dónde empezará la desmonopolización ni cómo desarmaría la ostentosa red de complicidades político-económico-electorales entre el poder público y esos monopolios, duopolios y oligopolios que dañan a los consumidores, pero que tanto benefician a ciertos candidatos, como él comprenderá. Por dónde: banca, telecomunicaciones, minería, ferrocarriles, cemento, líneas aéreas, acero, cerveza, medicinas, comercio, azúcar, bebidas embotelladas, tabaco, pan industrializado, construcción, gaseras, bienes raíces, transporte, televisión y algunos sectores más, concentrados en unas cuantas manos, con todo y que la legislación supuestamente lo impide y existe una (desdentada) institución antimonopolio, la Comisión Federal de Competencia.

Cómo estará la cosa, que hasta el Banco Mundial –amigo y compañero del inquilino de Los Pinos en turno– ha sido insistente en eso de las prácticas monopólicas en México y el limitadísimo alcance de la Comisión Federal de Competencia. De tiempo atrás este organismo advirtió sobre este caso y presentó un documentado análisis que va más o menos así: la CFC evalúa si la conducta de una empresa es anticompetitiva; de serlo, impone multas o exige cambios en la conducta, pero la empresa sancionada puede apelar de la decisión; si fracasa en el intento, busca un amparo, lo que es más común cuando las resoluciones implican un cambio de las prácticas que involucran rentas monopólicas permanentes.

Con la información publicada por la CFC el Banco Mundial construyó una base de datos con todas las resoluciones emitidas entre 1998 y 2006 en lo relacionado con fusiones y adquisiciones y prácticas monopólicas. En el periodo, la Comisión registró 381 resoluciones, que involucraron 612 decisiones específicas relacionadas con ese tipo de prácticas. En 39 casos, en los que se declaró la existencia de abuso del poder de mercado, las sanciones fueron evitadas mediante el uso de amparos. En 12 de ellas, el amparo resultó en un fallo judicial favorable a las empresas.

El organismo financiero documentó que algunas de las compañías declaradas culpables de prácticas monopólicas habían obtenido amparos, como Telmex, Radiomóvil Dipsa, Telcel (las tres de Carlos Slim), Ferrosur, Fomento Económico Mexicano, Grupo Modelo y Televisa, entre otras. Por ejemplo, la empresa Avantel demandó nueve veces a Telmex por abuso de su poder de mercado. Las resoluciones de la CFC, favorables a Avantel, implicaron multas por alrededor de 11 millones de dólares (lo que no significa que hayan sido pagadas). Otros casos importantes incluyeron compañías de televisión por cable (Televisa y subsidiarias), y de producción y distribución de cerveza (Grupo Modelo y Cervecería Cuauhtémoc-Moctezuma, ex propiedad de FEMSA, ahora de la holandesa Heineken). “Cerca de 24 por ciento de los casos de abuso del poder monopólico se relacionaron con empresas controladas por multimillonarios que aparecen en la lista de Forbes. Se encontró que tales consorcios tienen mayor posibilidad de que se les encuentre realizando prácticas monopólicas y con mayor probabilidad de obtener un amparo. Por lo que toca a las fusiones y adquisiciones, en 1998-2006 se presentaron mil 297 casos; sólo 14 (1.08 por ciento del total) fueron impedidos por la Comisión Federal de Competencia. Del total, 106 casos se relacionaron con empresas controladas por multimillonarios Forbes; sólo uno fue rechazado” (0.9 por ciento), apunta el Banco Mundial.

Las rebanadas del pastel

En su enfermiza propaganda sobre la recuperación del empleo, el pianista Javier Lozano Alarcón lo único que confirma es que, en el mejor de los casos, sólo uno de cada tres mexicanos económicamente activos tiene una plaza en el sector formal de la economía, de tal suerte que en materia laboral poco más de 33 millones de personas se rascan como pueden, si pueden.

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