n el contexto del Día Mundial de la Salud, el titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón Hinojosa, confió en que al término de la presente administración, en 2012, alcancemos la cobertura universal de salud. Por su parte, durante la inauguración de un hospital dermatológico, el titular de la Secretaría de Salud federal (Ssa), José Ángel Córdova, desmintió los desastrosos datos difundidos la víspera por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en el sentido de que 43 millones de personas no cuentan con servicios de salud en el país: el funcionario aseguró que sólo 16 millones de mexicanos no tienen acceso a la atención sanitaria, y confió en que en año y medio se pueda revertir plenamente esta situación.

La aclaración hecha por el titular de Salud federal representa un menguado orgullo para la actual administración, pues revela –además de una inconsistencia impresentable en las cifras oficiales– el fracaso de las autoridades federales en su compromiso de alcanzar la cobertura universal en los servicios de salud para el presente año por medio del llamado Seguro Popular. Es claro, por lo demás, que las necesidades nacionales en materia de salud no pasan sólo por ampliar nominalmente la cobertura de esos servicios, sino también –y ante todo– por que éstos sean de calidad. La epidemia de influenza humana que azotó a nuestro país durante abril del año pasado desnudó carencias y vicios existentes en el sistema de salud pública, los cuales se reflejaron en una incapacidad del Estado para reaccionar con la precisión, la puntualidad y la coordinación que se requiere en circunstancias de emergencia; en la persistencia de burocratismos injustificables, en la carencia de materiales sanitarios y, en muchas ocasiones, en una atención médica rezagada y tardía.

Ante este panorama, resultan de capital importancia los señalamientos formulados en múltiples ocasiones por distintos especialistas en la materia: en el contexto actual, lo mejor para el país es reorientar las prioridades presupuestarias hacia rubros como la salud y la educación, a efecto de impulsar el desarrollo científico, tecnológico y de capital humano necesario para atender los rezagos actuales.

Es significativa, al respecto, la opinión expresada ayer –durante el acto encabezado por Felipe Calderón– por el ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México Octavio Rivero Serrano, en el sentido de que se debe incrementar la formación de médicos generales capacitados, toda vez que la ausencia de diagnósticos acertados en la etapa inicial de las enfermedades puede derivar, a la larga, en un enorme costo financiero para el Estado.

Por añadidura, frente a la demolición deliberada de la estructura de bienestar social durante por lo menos las últimas dos décadas; la ausencia de una política de salud pública dirigida al conjunto de los habitantes, y la adopción, en remplazo de ésta, de esquemas de atención individuales, demagógicos y empleados incluso con fines electorales –como el propio Seguro Popular–, cobra especial sentido la propuesta formulada por el actual rector de esa misma casa de estudios, José Narro: plantear la creación de un verdadero servicio nacional de sanidad pública, que corrija la fragmentación y desarticulación que impera en el sistema actual, y garantice el cumplimiento del derecho constitucional a la salud.

En suma, la atenuación de los retrasos que afectan al país en materia sanitaria pasa por reconocer la necesidad de restructurar el sector salud a cargo del Estado, y por destinar las tajadas más sustantivas de los recursos públicos a inversiones que eleven la calidad de vida de la población, en atención al precepto de que ésta constituye la principal riqueza de una nación.