a capacidad de planeación de un gobierno depende de que tenga objetivos claros y datos fidedignos sobre los procesos que pretende impulsar. En marzo salió el informe sobre los avances del Seguro Popular (SP) en 2009. Su análisis despierta más dudas que certezas. Esto es grave al tratarse del programa por medio del cual, según el gobierno, habrá cobertura universal de servicios de salud para todos los mexicanos y mexicanas a más tardar el próximo año.
Un primer problema es que es imposible cuadrar los datos del número de familias y personas afiliadas al SP. El informe reporta 10.5 millones de familias o 31.1 millones de personas. Esta afiliación correspondería a 84 por ciento del total de familias por afiliar, según los cálculos del SP, pero sólo al 53-58 por ciento de las personas susceptibles a ser afiliadas. Una discrepancia de esta magnitud entre familias y personas no tiene ninguna explicación razonable a menos de que haya vicios graves en el método de inscripción o en el registro de datos. Si se toman los datos del número de hogares que arrojó la Encuesta de Ingreso y Gasto de los Hogares (EIGH), la afiliación de familias bajaría a 71-73 por ciento de las familias objetivo, porque el número de familias sin seguridad social laboral ha incrementado de 12.5 millones, estimados en 2008, a entre 13.4 y 14.7 millones.
Las inconsistencias se repiten en los datos sobre las características de las familias afiliadas. Según el informe, 8.7 millones de las familias están encabezadas por mujeres, lo que sobrepasa en unos 2 millones el total de este tipo de familias en el país. Los datos respecto del nivel de ingreso de las afiliadas son igualmente asombrosos, ya que según el informe 10.1 millones pertenecerían al 20 por ciento más pobre del país, lo que es 190 por ciento de los 5.3 millones de este nivel.
Se podría especular sobre la causa de estas sistemáticas inconsistencias, pero lo que importa es que estos datos no sirven para conocer la realidad. Estamos ante una grave incompetencia institucional y/o se acomodan los datos para simular avances y éxitos.
La información sobre el financiamiento del SP fortalece la sospecha de que estamos ante mentiras a conveniencia. Una lectura cuidadosa revela que también en 2009 se escondieron miles de millones de pesos en el fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud. La ley establece que debe depositarse en este fideicomiso 11 por ciento del monto correspondiente a la cuota social y la aportación solidaria, federales. Sin embargo, desde hace varios años se guarda anualmente alrededor del doble en este fideicomiso. Así en 2009 se depositaron 9 mil 703 millones en vez de 4 mil 405 millones, lo que equivale a un subejercicio disfrazado del orden de 12 por ciento sobre el presupuesto autorizado.
Esto, tal vez, no sería objetable si ese dinero se utilizara en la atención de enfermedades costosas o para inversión en nueva infraestructura de salud o el mejoramiento en la existente. No ocurre así y año con año se acumulan miles de millones de pesos en el fideicomiso que, según el reciente informe de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) disponía de 19.9 mil millones de pesos en diciembre de 2009. Es decir se tiene un ahorro
muy grande congelado en Banobras al tiempo que el país se endeudó en marzo con el Banco Mundial por mil 250 millones de dólares para financiar el Seguro Popular.
El segundo tema financiero que se descubre en el informe se refiere al presupuesto autorizado. Está muy por debajo del monto estimado para cubrir el paquete de servicios del Seguro Popular que es de 625 dólares por familia. Esto significa que debido al número de familias afiliadas debería de haberse autorizado un presupuesto de 107 mil millones de pesos para 2009 y no los 43.5 mil millones de pesos ejercidos. O sea, hay un déficit de 63 mil millones. Esta estimación coincide con la valuación actuarial hecha por la Auditoría Superior de la Federación publicada en 2007, en la que se estimaba un déficit de 46.8, en 2008, y 83.9 mil millones, en 2010. Esta crítica situación financiera sólo se puede aminorar restringiendo los servicios prestados que siguen siendo muy inferiores a los prestados por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a cada beneficiario.
A pesar de este escenario, que los altos funcionarios del SP obviamente conocen, éstos lograron modificar la legislación en 2009 para bajar los recursos financieros transferidos por familia en cerca de 25 por ciento. Lo asombroso es que las secretarías de salud de los estados no han protestado ante esta franca simulación presupuestal que convierte en mentira la cobertura universal para 2012.
