El secretario de la Defensa Nacional, general Guillermo Galván Galván, afirmó anoche ante diputados que para combatir a la delincuencia organizada el Ejército permanecerá en las calles entre 5 y 10 años más, salvo orden expresa del Presidente de la República o la aprobación de un decreto del Congreso de la Unión.

En una reunión ayer con al menos 24 de los 30 integrantes de la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados, Galván planteó a los legisladores la aprobación de una legislación emergente que otorgue más facultades a las fuerzas armadas en el combate al narcotráfico porque, reconoció, en este momento los militares llevan a cabo una tarea que legalmente no les corresponde.

Durante tres horas, el secretario de la Defensa planteó a los diputados que el Ejército requiere de otro marco jurídico que amplíe sus capacidades en el combate al narco. Entre éstas, mencionó el ingreso de soldados a domicilios cuando se persiga un delito en flagrancia o se sospeche que podría cometerse; interrogar a detenidos y retenerlos hasta por 24 horas, antes de entregarlos a una autoridad civil, e incluso tomarles huellas dactilares, así como intervenir comunicaciones y suspender espectáculos o el tránsito masivo de vehículos.

Prácticamente nos pidió aprobar un estado de excepción, que para el Congreso es inaceptable, señalaron diputados que fueron consultados tras la reunión realizada en la sede de la Defensa Nacional.

La mayor parte del encuentro, que se desarrolló entre las 18 y las 21 horas de ayer, el general hizo una exposición sobre el marco legal que requiere el Ejército para justificar los operativos contra la delincuencia.

No obstante, diputados también señalaron que la próxima semana se buscará iniciar un debate sobre el fuero de guerra definido en el Código de Justicia Militar, para que soldados que cometan delitos también sean sometidos a tribunales civiles.

Los legisladores resaltaron que la posición del titular de la Sedena fue en desacuerdo con suprimir a los militares el beneficio de ser sometidos a proceso en juzgados castrenses. Refirieron que, sobre este tema, el general expresó que una reforma de ese tipo perjudicaría a las fuerzas armadas, porque son lo último que tiene el Estado mexicano.

Una parte sustantiva del encuentro, dijeron, se refirió al informe que el ombudsman nacional, Raúl Plascencia Villanueva, presentó el martes ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde reportó que en cinco años crecieron 500 por ciento las quejas contra el Ejército por las violaciones a derechos humanos contra civiles.

Los diputados resaltaron ante el titular de la Sedena que esa cifra es preocupante, sobre todo porque ahora una institución confiable como lo ha sido el Ejército, ahora se ubica con mayor número de quejas que el IMSS y la PGR.

En contraste, Galván adujo que de las 3 mil 595 quejas que se han presentado por abusos de militares, sólo se ha acreditado una cantidad menor. Sin embargo, dijeron, sí expresó preocupación de que esas cifras revelan el desgaste que ha sufrido el Ejército en su relación con la sociedad por participar en los operativos contra el crimen.

Los legisladores no se refirieron a casos específicos de abusos de soldados, y –comentaron– se trató apenas el caso del asesinato de dos alumnos de posgrado del Tecnológico de Monterrey, durante un enfrentamiento con presuntos narcotraficantes en el campus de esa institución en la capital de Nuevo León.

Asimismo, Galván aceptó la solicitud que le hicieron legisladores de reunirse con ellos en la Cámara de Diputados, como lo ha hecho ya en privado con los senadores, o bien acudir ante comisiones para explicar los alcances de los operativos.

Por su parte, los diputados plantearon que si se habla de una relación diferente entre las fuerzas armadas y el Legislativo, es fundamental que Galván, así como el secretario de Marina, almirante Francisco Saynez Mendoza, acepten acudir al Palacio Legislativo de San Lázaro.