Las fuerzas políticas representadas en la Cámara de Senadores avanzan para lograr acuerdos y aprobar la ley de seguridad nacional acotada, en la que se incluirán nuevas normas para legalizar la participación temporal del Ejército en la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia organizada.

Las fracciones de PRI, PAN y PRD desecharon la propuesta original de fijar en un decreto la fecha en que los militares deben regresar a los cuarteles, y determinaron que el tema forme parte de la ley de seguridad nacional propuesta por el presidente Felipe Calderón.

De la iniciativa del Ejecutivo se eliminó la propuesta que pretendía otorgar facultades extraordinarias a las fuerzas armadas y se incluyó que en todo momento la actuación del Ejército será con pleno respeto a los derechos humanos de la ciudadanía.

El perredista Tomás Torres confirmó que los trabajos avanzan y ya existe un anteproyecto de dictamen en el que las fuerzas armadas podrán asumir tareas relacionadas con el combate a narcotraficantes y otras bandas criminales, con control del Senado y siempre que los gobiernos estatales y municipales lo soliciten.

Se trata de una propuesta alterna, en la que “el presidente de la República, cuando la opinión del Senado le fuera favorable, emitirá la declaratoria de afectación a la seguridad nacional y procederá a disponer de la fuerza armada permanente para que ésta actúe en auxilio de las autoridades civiles que lo requirieran.

El senador Torres explicó que se hará un cambio sustancial a la iniciativa de Calderón, en la que se plantea que el Ejecutivo, sin participación directa del Congreso, puede declarar estados de excepción en los que actuaría esa fuerza armada permanente, constituida por el Ejército y la Marina.

El acuerdo entre las fuerzas políticas es que el Ejecutivo sólo podrá disponer de las fuerzas armadas cuando lo soliciten legislaturas locales, en caso de amenaza documentada a la seguridad nacional y siempre que las autoridades civiles hayan perdido capacidad para controlar la situación.

Se suprimen las facultades extraordinarias que el Presidente pretendía otorgar al Ejército, como la de realizar investigaciones y tener acceso a los averiguaciones previas en casos de delincuencia organizada.

El presidente del Senado, Carlos Navarrete, señaló que han informado al propio secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván, que hay propuestas de Calderón que no se aprobarán, ya que el combate al crimen organizado no debe realizarse a costa de violar derechos humanos de la ciudadanía. Por eso no habrá toques de queda, ni suspensión de garantías individuales, ni nada por el estilo.

En lo que aún no hay acuerdo es si fijarán un plazo de 18 meses u otra temporalidad para que el Ejército regrese a los cuarteles. El senador Santiago Creel, del PAN, dijo que eso no es posible, porque la circunstancia puede variar.

No estoy muy convencido de que sea conveniente fijar un tiempo determinado, sobre todo en una situación como la que vive el país, en la que fijar un plazo de entrada y salida del Ejército otorga a los criminales margen de operación.

Navarrete indicó que es urgente legalizar la acción de las fuerzas armadas y poner un plazo para su repliegue. Hay la percepción en el Senado de que no debemos entrar en 2012 todavía con el Ejército desplegado en todo el país.

Es un tema, agregó, que se pondrá a debate en la reunión con el gabinete de seguridad nacional el próximo lunes.

Ayer se presentó en primera lectura el dictamen sobre la reforma constitucional en materia de derechos humanos, en la que se regula la suspensión de garantías, y este jueves será votada.