Oaxaca, Oax., 8 de abril. La diputación permanente del Congreso local turnó a la comisión de la Auditoría Superior del Poder Legislativo el dictamen del Instituto Federal Electoral (IFE), conforme al cual se debe iniciar un juicio político contra el gobernador Ulises Ruiz Ortiz por utilizar recursos públicos en la campaña electoral federal de 2009.

Guadalupe Rodríguez Ortiz, del Partido de la Revolución Democrática, y Dagoberto Carreño Gopar, de Acción Nacional, exigieron que el veredicto se envíe a la comisión instructora para iniciar el juicio político al mandatario, porque ya no hay nada por investigar si el IFE ya determinó que Ulises Ruiz cometió una falta. Es una maniobra para proteger al gobernador, pero nosotros no vamos a permitir que siga violando la ley impunemente, afirmó el panista.

Francisco Vera Méndez, presidente de la diputación permanente, negó turnar el punto a la comisión instructora. En el mismo sentido votaron Paola España López y Carmelina Cruz Silva, los tres del Partido Revolucionario Institucional.

Vera Méndez dijo que su determinación de enviarlo a la Comisión de Vigilancia se fundamenta en el artículo 26, fracciones 3 y 5 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y el 15 del Reglamento Interior del Congreso.

Mario Mendoza Flores, presidente estatal de Convergencia, dijo que la decisión es ejemplo de cómo el Legislativo estatal está sometido al Ejecutivo, pero advirtió que el juicio político contra el gobernador no es optativo, Están obligados a acatar un mandato y, por supuesto, si siguen en la misma postura iniciaremos un recurso por desacato ante el Poder Judicial de la Federación.

El Congreso tiene 72 horas para iniciar el juicio contra Ulises Ruiz y si no lo hace Convergencia tomará las medidas pertinentes, advirtió.

Mendoza Flores explicó que la validez del dictamen del IFE se confirmó el miércoles pasado cuando el tribunal colegiado en materia penal y administrativa del 13 circuito ratificó la resolución del juzgado primero de distrito en el estado, en el sentido de rechazar el amparo solicitado por el gobernador para no ser sometido a juicio político, como lo requirió el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ante una queja presentada por ese partido.

El líder de Convergencia recordó que en julio de 2009 el partido presentó una queja ante el IFE porque el mandatario estatal, con recursos públicos, promocionaba su imagen en vehículos del programa Unidades Móviles para el Desarrollo durante el proceso electoral federal del año pasado.

Explicó que el Consejo General del IFE declaró fundada la queja y ordenó al gobernador retirar la propaganda adherida a los vehículos, pero Convergencia apeló ante el TEPJF porque Ruiz Ortiz había incurrido en violaciones a la Constitución y a las leyes electorales.

Expuso que el TEPJF modificó la resolución del IFE y ordenó al Congreso del estado someter a Ruiz Ortiz a juicio político por las irregularidades cometidas. Sin embargo, el mandatario solicitó el amparo ante la justicia federal.

El juzgado primero de distrito en el estado, subrayó, negó el amparo a Ruiz Ortiz, quien apeló de la resolución, pero el tribunal colegiado en material penal y administrativa del 13 circuito confirmó la decisión.