Por unanimidad, el Senado de la República aprobó ayer una reforma constitucional sobre derechos humanos que, según expresaron en tribuna legisladores de todas las fracciones parlamentarias, es la más trascendente en la historia del país en el último siglo.

El proyecto adquiere una singular significación porque amplía el compromiso del Estado mexicano, a través de la Constitución, de respetar y hacer respetar el ejercicio de los derechos humanos, comentó en tribuna el senador del PRD Pablo Gómez, quien coincidió con el petista Ricardo Monreal en que la reforma va muy bien en estos momentos de militarización, donde al amparo de la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado se violan las garantías fundamentales y hasta hay licencia para matar.

Las modificaciones van a la raíz de uno de los principales problemas que padecemos en México y que es la impunidad, que suelen padecer con mayor frecuencia los más pobres, los que no tienen acceso a la educación y los grupos vulnerables, recalcó durante la discusión en el pleno el senador del PAN Santiago Creel Miranda, autor de una de las iniciativas que conforman esa reforma a cinco artículos constitucionales.

La enmienda lleva a la Carta Magna el reconocimiento de los derechos humanos contenidos en tratados internacionales, fortalece al órgano protector de las garantías fundamentales, fija la defensa de los mismos como un principio de la política exterior, establece que los extranjeros gozarán de las mismas prerrogativas que los mexicanos e incluye un nuevo capítulo que acota las facultades del Presidente durante la declaración de estados de excepción.

El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Pedro Joaquín Coldwell, dijo que se incluye en la ley suprema un piso de derechos y garantías que no podrán suspenderse aun en caso de que hubiera declaratoria de excepción por perturbación grave de la paz pública, por invasión extranjera o una amenaza real inminente y grave a la sociedad.

Ante el pleno, explicó que la modificación del artículo 29 constitucional establece los controles sobre el Poder Ejecutivo para que los decretos que emita durante un estado de excepción estén sujetos al control constitucional de la Suprema Corte, que será de oficio y de manera inmediata, para salvaguardar que ese núcleo duro de derechos no van a ser atropellados o violados con los decretos presidenciales.

Monreal expuso, en su turno, que modificar el capítulo primero del título primero de la Constitución, para que se denomine derechos humanos y garantías individuales, así como llevar ahí los derechos contenidos en los tratados internacionales, es algo que existe desde hace 100 años en legislaciones de otros países.

Creel detalló que al establecer la defensa de los derechos humanos como un principio de la política exterior, no habrá ya excusa ni justificación para que el Estado mexicano se aleje de ese ordenamiento, independientemente de las relaciones políticas o comerciales que puede mantener con estados que no garanticen la plena vigencia de las garantías fundamentales.

Agregó que se reconocen paralelamente los derechos humanos de los extranjeros en el país, incluyendo también su potestad para pedir asilo, toda vez que las modificaciones al artículo 33 les garantiza que no podrán ser expulsados fast track, sino que tendrá que otorgárseles audiencia previa.

El perredista Pablo Gómez insistió en que la reforma tiene especial significación en momentos en que los derechos humanos parecen secundarios frente a los requerimientos de corporaciones militares o policiacas, que siguen instrucciones del gobierno. Recordó el ataque a civiles en Irak y los asesinatos brutales de dos niños en Matamoros, en este último caso en nombre de una guerra contra el narcotráfico.

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Rosario Ibarra, dijo que la reforma tiene aspectos positivos, pero le preocupa que se convierta en una pantalla que oculte una realidad represiva y autoritaria.

En lo general, la reforma se aprobó por 96 votos a favor y ninguno en contra.