Organizaciones de derechos humanos calificaron de inaceptable la petición que el secretario de la Defensa Nacional, general Guillermo Galván Galván, hizo a diputados para que se apruebe una legislación emergente que amplíe las facultades del Ejército en los operativos contra el narcotráfico.

Representantes de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) y del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh) aseguraron que los planteamientos del Galván sentarían las bases de un estado de excepción permanente.

El general Galván planteó, entre otros puntos, que se permita el ingreso de soldados a domicilios cuando se persiga un delito en flagrancia o se sospeche que podría cometerse; que el Ejército pueda interrogar a personas y detenerlas hasta 24 horas antes de entregarlos a una autoridad civil, y suspender el tránsito de vehículos.

Juan Carlos Gutiérrez, director de la CMDPDH, subrayó que no deben otorgarse más facultades a las fuerzas armadas, porque se pondría en mayor riesgo a la sociedad de sufrir posibles violaciones a sus garantías fundamentales por soldados.

Señaló que el titular de la Sedena maneja un discurso incongruente, ya que se reunió con los legisladores “para pedir permiso por acciones que el Ejército realiza de facto”.

Jaqueline Sáenz, coordinadora del área de defensa del Centro Prodh, aseveró que la solicitud de Galván “es inaceptable, porque pretende legalizar las violaciones a garantías fundamentales que ya se presentan en los operativos contra el crimen organizado”.