e forma silenciosa, pero también constante y creciente, se lleva a cabo un despojo en contra de las nuevas generaciones. La fábrica de pobres trabaja a toda máquina trasladando los recursos de la mayoría hacia unos cuantos, quienes han tomado ventaja en todos los campos, controlando instituciones, partidos políticos y gobiernos, aprovechándose de la ignorancia, la inseguridad y el desconcierto. Un dato duro lo dice todo: 6 millones de pobres más en los recientes cuatro años se agregan a los 45 millones ya existentes.

Hoy, los jóvenes en busca de empleo viven un verdadero drama. Si acuden al sector público y bien les va, los puestos disponibles generalmente son bajo la modalidad de honorarios, sin estabilidad, prestaciones ni seguridad social. Lo mismo en el gobierno federal que en los locales. No tienen aguinaldo ni vacaciones, y si se enferma el propio trabajador o un miembro de su familia deberán rascarse con sus propias uñas; pedir prestado es el recurso más común. Las medidas de reducción presupuestal, habituales en estos tiempo, suelen recortar el salario de este personal irregular; la amenaza es contundente: Si quieres conservar la chamba, si no, búscale por otro lado, pero te advierto que está difícil... bien difícil.

Si el empleo cuenta con seguridad social, hoy casi un privilegio, le será aplicable un régimen de cuentas individuales en creciente privatización. De las pensiones se han apoderado empresas trasnacionales mediante las Afore, Siefore y aseguradoras privadas. Los trabajadores ponen el recurso, y las compañías, la administración, el destino y buena parte de las ganancias. Las nuevas generaciones, en su mayoría, recibirán poco más de un salario mínimo si estuvieron inscritas en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), dos en el caso del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y eso que nuestro salario mínimo es uno de los más bajos del mundo. Cada día se confirman los diagnósticos que con razón criticaron los sistemas de privatización; se advirtió que condenaban a los futuros trabajadores. ¡Imagíneselos en el futuro intentando negociar su pensión con una institución financiera la cual garantiza sus ganancias pagándole lo menos posible!

Volteemos los ojos a los trabajadores bancarios; prácticamente este sector ha desaparecido desde el punto de vista formal. Los empleados de Bancomer ya no son reconocidos como tales, sino de una empresa de servicios creada artificialmente con el fin de cancelarles el pago de reparto de utilidades y las tradicionales prestaciones que caracterizaron el sector: servicios médicos privados, préstamos hipotecarios y pensión jubilatoria complementaria. Estas empresas de servicios se han creado con la complacencia de las autoridades laborales, quienes comparten la opinión de que el reparto de utilidades es una prestación que debe desaparecer. Su visión es que con su magro salario deben considerarse bien servidos.

Podemos recorrer todas las ramas de la industria y los servicios para confirmar que este despojo social no encuentra límite alguno. Los trabajadores textiles, regidos por contratos ley, por ejemplo, debido a la traición de sus líderes cuentan con una nueva cláusula, la cual señala que a los empleados de nuevo ingreso se les aplicarán los mínimos de ley; ya no serán protegidos por las prestaciones y condiciones laborales del personal actual.

A los trabajadores del IMSS que ingresaron en los pasados tres años les fue cancelada de manera absoluta su régimen de jubilaciones y pensiones contractual. Quizá no lo tienen claro ni lo resienten aún, pero las nuevas reglas ya afectan el futuro de más de 60 mil trabajadores.

Si nos acercamos a los sectores de construcción, limpieza o servicios, el panorama se caracteriza por un submundo contractual de protección patronal, la subcontratación, renuncias en blanco y la violencia en múltiples formas. La reciente huelga de los despachadores de gasolina en la estación Autoservicio Belem, en esta ciudad, es una muestra significativa de las gigantescas dificultades que sufren los trabajadores de los pequeños centros laborales para recibir un mínimo de protección.

El proyecto de reforma laboral diseñado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social pretende dar un empujón más a esta política que cancela lo poco que le queda a los jóvenes: propone reducir protecciones, facilitar el despido libre y la contratación por horas. En buena hora la Comisión Económica para América Latina y el Caribe ha advertido sobre las limitaciones de propuestas flexibilizadoras que han demostrado su fracaso en otros países.

También, con toda razón, la Federación Internacional de los Trabajadores de la Industria del Metal, que representa a 25 millones de empleados, organizados en 200 sindicatos de 109 países, ha presentado una histórica queja ante la Organización Internacional del Trabajo, en Ginebra, Suiza, en contra del modelo laboral mexicano por considerar que está sustentado en una práctica generalizada de violaciones a los convenios internacionales, impidiendo a los trabajadores defender sus derechos. No se trata de un reclamo limitado a un centro de trabajo, sino de un planteamiento integral, documentado con casos concretos, tanto en la rama local como federal y en distintos estados de la República, incluyendo el Distrito Federal. Se trata de una denuncia que exhibe la situación de la mayoría de los trabajadores mexicanos, víctimas de un modelo opresor que ha generado su postración.

Esta política social y laboral contrasta con el esfuerzo cotidiano de la población dispuesta a constantes sacrificios por el futuro de sus hijos. Si algo mueve a la sociedad en cualquier lugar del mundo es este gigantesco motor de solidaridad generacional y de amor filial. Tendencia contraria a la que priva en la política gubernamental.

Los gobiernos democráticos diseñan sus políticas de protección social en tres planos indisolubles: generaciones pasadas, presentes y futuras; tan importantes unas como otras. Un país que no le ofrece nada a sus jóvenes tiene cancelado su futuro.