En el Senado se trabaja intensamente para elaborar el nuevo marco jurídico que dé sustento a la participación del Ejército en tareas de combate al narcotráfico, condicionada a que en caso de violaciones graves a los derechos humanos los militares sean juzgados por tribunales civiles.

Prácticamente se llegó a un acuerdo en ese sentido y sólo falta definir en qué ley se hará ese cambio. Así, los integrantes de las fuerzas armadas que cometan delitos durante su participación en el combate al crimen organizado se enfrentarán a instancias del fuero común, no militar.

En las comisiones dictaminadoras se discute si la modificación se incluye en la Ley de Seguridad Nacional o en el Código de Justicia Militar, explicó el presidente del Senado, el perredista Carlos Navarrete.

Confirmó que el acuerdo para dar legalidad a la acción del Ejército en asuntos de seguridad pública va en el sentido de un repliegue total de las fuerzas armadas y en normar el procedimiento para que el Ejecutivo federal pueda volver a utilizar a los soldados ante futuras situaciones de emergencia, pero nunca de manera permanente.

No se trata de regresar al Ejército a sus cuarteles para que nunca más salga de ellos, ni se ocupe jamás de ayudar en el combate al narcotráfico. Se trata de dar legalidad a su actuación, de establecer un procedimiento muy claro para que el presidente de la República pueda pedir la presencia de los militares en alguna región ante situaciones específicas de emergencia por afectación de la seguridad nacional y luego de un procedimiento en el que participará el Congreso.

Navarrete detalló que está muy avanzado el dictamen de la Ley de Seguridad Nacional propuesta por Felipe Calderón, de las reformas al Código de Justicia Militar y de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Dijo confiar en que la información que los integrantes del gabinete de seguridad nacional les proporcionen el lunes próximo, cuando se reunirán, contribuya a definir los puntos de debate.

Al respecto, el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, el perredista Tomás Torres, explicó que es fundamental definir no sólo la duración de los operativos en que habrá de intervenir el Ejército, sino establecer que sólo los delitos cometidos en acciones de guerra serán juzgados por el fuero militar, y en los demás casos, los tribunales civiles.

Recordó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recomendó al gobierno mexicano reformar el Código de Justicia Militar, ya que la participación del Ejército en la persecución de bandas criminales y de capos del narcotráfico ha dejado una estela de civiles muertos y desaparecidos, lo cual ha quedado en la impunidad.

Torres agregó que los casos más recientes son el de dos niños asesinados en Tamaulipas y el de los dos estudiantes del Tecnológico de Monterrey abatidos cuando el Ejército perseguía a delincuentes, lo que se suma a una larga lista de hechos que no son castigados, porque los responsables se escudan en el fuero militar.

Navarrete y los coordinadores del PRI y el PAN se reunieron ayer para evaluar los avances en las iniciativas relacionadas con la lucha contra la delincuencia organizada y para definir la estrategia que llevarán al encuentro con los integrantes del gabinete de seguridad nacional, entre ellos el titular de la Defensa, general Guillermo Galván Galván, a quien notificarán la determinación de modificar la iniciativa presidencial sobre Ley de Seguridad Nacional, para eliminar de la misma propuestas que vulneran derechos constitucionales.

En el anteproyecto de dictamen se desecharon las propuestas que implicaban dar al Ejército facultades extraordinarias, entre ellas la pretendida de que pudiera investigar hechos delictivos y tener acceso a todo tipo de información, entre ella la incluida en los expedientes judiciales.

El artículo 76 de la iniciativa de Calderón plantea que en los casos en que la fuerza armada permanente participe en respuesta a perjuicios a la seguridad interior, podrá obtener, recolectar, clasificar, registrar, analizar, evaluar, procesar, explotar y almacenar información sobre hechos relacionados con la afectación.

Asimismo, el Ejército y la Marina podrán requerir información, entre otras, a las autoridades participantes, quienes estarán obligadas a proporcionarla.

Los legisladores decidieron eliminar ese artículo, ya que, según comentó Torres, no se puede avalar un cambio de esa naturaleza, que implica dar facultades excesivas a las fuerzas armadas.