América Latina padece una renovada invasión de sus tierras y una dislocación en su producción alimentaria, avaladas por los gobiernos locales que arriesgan su soberanía nacional al tiempo que criminalizan y reprimen a las comunidades que defienden sus territorios, advierte el Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG).

Los protagonistas de la nueva ola de acaparamiento agrario cambiaron de rostro: los antiguos terratenientes e invasores de tierras –herederos de los conquistadores europeos– que devenían jefes políticos de la región se alían con inversionistas extranjeros. Ambos grupos consiguen nuevas oportunidades de hacer negocios bajo un aire respetable y de neutralidad, con menos riesgos políticos y sociales.

Estos inversionistas extranjeros han acaparado en pocos años millones de hectáreas de tierras de cultivo en América Latina para producir alimentos o agrocombustibles para exportarlos. Gran parte del dinero proviene de fondos de pensión, bancos, grupos de inversión privada de Europa y Estados Unidos, o de individuos acaudalados como George Soros, precisa el ODG, centro de investigación sobre las relaciones norte-sur creado desde el año 2000 en Cataluña, vinculado actualmente con decenas de universidades y organismos civiles del mundo, y apoyado por la cátedra Unesco.

El informe de ODG coincide con las advertencias de Olivier De Schutter, relator especial sobre el derecho a la alimentación de la ONU, quien denuncia que entre 15 y 20 millones de hectáreas de tierras agrícolas de los países en desarrollo han sido objeto de transacciones y negociaciones con inversionistas extranjeros desde 2006.

Esa cifra equivale a la superficie total de las tierras agrícolas en Francia o a la quinta parte de todas las tierras agrícolas de la Unión Europea, según el más reciente informe de Schutter.

Otras comparaciones: los 20 millones de hectáreas productivas de las naciones latinoamericanas, africanas y asiáticas en manos de empresarios extranjeros representan la décima parte del territorio de México, el 80 por ciento de Chihuahua o la mitad de Oaxaca. El 38 por ciento de los siete países de América Central o la mitad de Guatemala; o bien la quinta parte de toda la extensión territorial de Europa, 81 por ciento de Inglaterra, 40 por ciento de España y la tercera parte de Francia.

El relator señala que la tendencia de adquirir y arrendar en gran escala y a largo plazo las tierras cultivables se incrementó aún más en 2008, con la crisis mundial de alimentos, y acusa que ello atenta contra el derecho humano a una alimentación adecuada, obligación que deben cumplir los Estados.

Subraya que las personas más vulnerables a la inseguridad alimentaria son precisamente los 500 millones de hombres y mujeres que se dedican a cultivar los alimentos que requiere el mundo.

Para el Observatorio de la Deuda en la Globalización el objetivo del nuevo acaparamiento de tierras es controlar totalmente la producción de alimentos con inversiones especulativas y ganancias rápidas, manejados por corporativos agroquímicos, farmacéuticos, de transporte y venta de alimentos. Empresas que se erigen en un corporativismo agrario anónimo, debido a los problemas jurídicos que tienen las comunidades para identificar y litigar contra quienes las despojan de las tierras productivas, gracias a las marañas legales que permite la globalización.

ODG critica que la disposición de la mayoría de los gobiernos de América Latina a estos nuevos negocios, aún cuando ponen en riesgo su soberanía nacional al desmantelar o privatizar funciones del Estado para responder a los intereses de los grandes negocios y porque se rigen por tratados y acuerdos comerciales, por encima de sus constituciones nacionales.

Dado que son tierras productivas, nunca están vacías ni ociosas y siempre hay comunidades que las necesitan, el ODG cuestiona los mecanismos legales que usan los gobiernos para ponerlas a disposición de otros gobiernos y empresas extranjeras, a expensas de desterritorializar a sus pueblos, incrementar la migración, dislocar los cultivos y dejar erosionado, agotado y contaminado su territorio.

La Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) calculó que para mantener la producción de alimentos mundial hasta 2030 se requieren 120 millones de hectáreas –el doble de la superficie de Francia o la tercera parte de India– y esa expansión se producirá en lo países en desarrollo.

Dado que aproximadamente 95 por ciento de las tierras de cultivo de Asia ya se han utilizado, la mayoría de la demanda se concentrará en América Latina y África, advierte a su vez el informe del relator especial sobre el derecho a la alimentación.