Buenos Aires, 10 de abril. El abogado argentino Carlos Slepoy, quien llevó ante el juez español Baltasar Garzón los juicios contra los responsables de las dictaduras de Argentina y Chile, denunciará ante la justicia local los crímenes cometidos durante el franquismo en España. La presentación de esta querella ante la justicia argentina no sólo se debe al impedimento para que el juez Garzón pueda investigar, sino a lo que se consagró como la legitimidad que tienen los distintos tribunales del mundo para juzgar esos crímenes de lesa humanidad, dijo Slepoy. Si los crímenes del franquismo se hubieran juzgado en España, no estaríamos abriendo este proceso, añadió en su anuncio de que los familiares de las víctimas de la dictadura de Francisco Franco se presentarán en la Justicia argentina ateniéndose a la jurisdicción universal y abrirán una querella por genocidio en su país.

Para Selpoy, esta sería una forma de solidarizarse con lo realizado por la justicia española, cuando los familiares de las víctimas de la dictadura argentina llevaron testimonios y documentos ante el juez Garzón para romper con la impunidad que se había impuesto aquí con las Leyes de Obediencia Debida y Pinto Final de los años 86-87 y luego los indultos decididos por el ex presidente Carlos Menem, a favor de los jefes militares de la pasada dictadura en los años 89-90. El abogado argentino, también víctima de la dictadura. hará su presentación ante los tribunales aquí la próxima semana, en base a dos querellantes particulares, Darío Rivas, hijo de un alcalde de Castro de Rei fusilado en 1936, e Inés García Holgado, cuyo tío está desaparecido y sus dos tíos abuelos fusilados. Estos familiares viven aquí.

Pero Slepoy dijo que no es necesario que los querellantes futuros vivan en Argentina, ya que pueden sumarse como particulares o como organizaciones desde España.

La demanda solicitará la investigación de los crímenes cometidos por el franquismo “desde el 17 de julio de 1936 (un día antes del alzamiento de Franco) hasta el 15 de julio de 1977. Recordó que en la causa que inició Garzón se determina que en ese período hubo 113 mil desaparecidos y más de 30 mil niños secuestrados y privados de su identidad.

Apoyarán aquí varios organismos como Abuelas de Plaza de Mayo, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, el Servicio de Paz y Justicia, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la

Asociación de ex Detenidos Desaparecidos, la Federación Gallega y otros, cuyos representantes comenzaron las reuniones para estudiar las presentaciones y unir criterios. Se discutió también sobre el argumento que se utilizó para frenar el juicio de Garzón en este caso en España, que se basó en la amnistía dictada en ese país en 1977, pero Slepoy explicó que una amnistía no puede amparar crímenes contra la humanidad o genocidio.