éxico no ha padecido asonada, golpe, alzamiento militar ni cuartelazos desde 1929, cuando la rebelión escobarista fue derrotada en toda la línea por el Ejército de la Revolución Mexicana. Las tropas que liquidaron el pronunciamiento estuvieron al mando de Juan Andrew Almazán y de Eulogio Ortiz. Lázaro Cárdenas condujo las operaciones desde la Secretaría de Guerra. Paradojas aparte y sin olvidar el oropel artificioso impuesto por la derecha a la candidatura presidencial de Almazán en 1939, son motivo de orgullo las ocho décadas transcurridas en nuestra República sin asomo de golpes militares. Mientras los padecía el resto del mundo, particularmente la América nuestra.

Logro incontestable de la Revolución que supo constituir el moderno Estado mexicano. Hoy estamos en guerra contra el crimen organizado, dice el presidente Calderón y lo repite en tono beligerante el abogado Gómez Mont, secretario de Gobernación, no ministro del Interior. Simple retórica. Si no fuera porque esa guerra ha cobrado miles de vidas de no combatientes. Si no estuviéramos ante el uso y abuso de las facultades del Ejecutivo para utilizar a las fuerzas armadas de la nación en casos de auténtica urgencia; si no hubiéramos padecido tres años de estado de sitio ficticio. Esto es, un estado de excepción no declarado.

Y porque el 7 de abril el secretario de la Defensa ha dicho, ante diputados al Congreso de la Unión, que el Ejército seguirá en las calles de cinco a diez años más. Declaración de quien es secretario bajo el mando civil no cuestionado del titular del Supremo Poder Ejecutivo de la Unión. No estamos ante un discurso que convoca al cumplimiento del deber, a combatir a las fuerzas enemigas. El general Galván afirmó que el Ejército seguiría en las calles de cinco a diez años. Y de inmediato pidió la aprobación de una legislación emergente. El secretario de Felipe Calderón expuso ante representantes del Poder Legislativo el porqué de esa solicitud: en estos momentos los militares llevan a cabo una tarea que legalmente no les corresponde.

Hubo respuesta inmediata en el Senado de la República. Porque el mismo 7 de abril discutió el pleno el dictamen del proyecto que modifica capítulos y artículos de la Constitución, para reconocer y garantizar de mejor manera la vigencia y juridicidad de los derechos humanos. Reformas que responden a la visible y loable inquietud del secretario de la Defensa. Pero ante todo, a la urgencia de confirmar que en caso de suspensión de garantías sea solamente el Congreso de la Unión el que la apruebe; señalar explícitamente las garantías que de ninguna manera pueden ser sujetas a suspensión, y que la Suprema Corte revise de oficio la constitucionalidad de los decretos que emita el Ejecutivo en situaciones de estado de excepción.

Hubo respuesta inmediata del Poder Legislativo. Sin olvidar que la norma constitucional vigente obliga al titular del Ejecutivo a solicitar autorización del Congreso para declarar la suspensión de garantías. Y menos todavía, lo que el general Galván dijo inequívocamente: los militares llevan a cabo una tarea que legalmente no les corresponde. El senador Manlio Fabio Beltrones declaró que el general secretario debe tener información sumamente delicada que le invite a pensar que solamente la presencia del Ejército, por los próximos diez años, pueda darnos las garantías de resolver el grave problema de la inseguridad y la violencia que se está presentando lamentablemente en México. Y añadiría: Lo único que puede validar que las fuerzas armadas coadyuven a las fuerzas del orden civil es una modificación legal que asegure que ese apoyo debe sujetarse al fuero común.

Diez años es periodo que abarca el mandato de tres diferentes titulares del Poder Ejecutivo de la Unión; son los mismos que duró la guerra contra la reacción que ensangrentó al país ante las Leyes de Reforma, y que abrieron las puertas al imperio de Maximiliano, el elegido por Napoleón el pequeño, el fusilado en el Cerro de las Campanas. Una década en estado de sitio. Y de inquieta disciplina militar, la misma que llevó al general Guillermo Galván a pedir legislación de emergencia: porque así pasados diez años, otro régimen, otra generación, otro gobierno, podría acusar de abusos, de violaciones a los derechos humanos, de crímenes contra la humanidad y llevar a juicio a los militares que hoy llevan a cabo esas tareas que no les corresponden: tiene la palabra su jefe, el presidente Felipe Calderón.

Hace 80 años que no hay en México asomo alguno de asonada o cuartelazo. No lo hay ahora. Pero lo dicho por el secretario de la Defensa tiene que haber sido por instrucciones directas de su jefe. O estamos al borde del caos anarquizante. Y con mayor razón hay que tomar muy en serio la advertencia del general Guillermo Galván; hay que ampliar las reformas al artículo 29 constitucional. Y añadir las necesarias para restaurar las facultades del Poder Legislativo para imponer al Ejecutivo el contrapeso, la obligación de acudir al Congreso y dejar que sea éste el que pueda declarar la suspensión de garantías individuales, así como decir cuáles de ellas no podrán ser sujetas a suspensión alguna. Ayer apenas, Felipe Calderón demandó al Congreso aprobar o rechazar su iniciativa de Ley de Seguridad Nacional. La respuesta es, tiene que ser, no.

Aunque se disgusten los notables que declaran paralizado al gobierno. El sí del Congreso debe reducirse a que se analice, discuta y resuelva... el tema de la seguridad interior, conforme al exhorto del Presidente. Pero no a la aprobación de una iniciativa que, entre otras cosas, le daría facultades al Ejecutivo para declarar ad libitum el estado de excepción y daría autoridad al Ejército para que pueda entrar a los hogares sin orden de cateo, detener, interrogar, fichar y tomar huellas digitales sin orden judicial.

¿Diez años? Tiempos para la visión del político atento a lo electoral: elecciones de gobernadores en 2010, en 2011 y presidenciales en 2012, fin del sexenio de Felipe Calderón; pero también para las intermedias de quien fuera elegido presidente de la República, y para las del sucesor como titular del Poder Ejecutivo en el año 2018. ¿Tres mandatarios con el Ejército en las calles?

Del estadista, atento a las siguientes generaciones, ni hablar. El fallido clon de Díaz Ordaz demanda reforma laboral legitimadora de sus amenazas cumplidas contra sindicatos y clase trabajadora. El de Hacienda hace cuentas alegres en ábaco. El inefable secretario de Economía viaja en busca de su castillo de Miramar, mientras lo repudian a gritos desde las tribunas de Xicoténcatl y San Lázaro, y en Pemex han descubierto el hilo del oro negro: pedirán a Statoil, la empresa estatal noruega, como lo indica su nombre, ayuda para enfrentar y conciliar presiones sindicales o admnistrativo-políticas.

Menos mal que entramos a las contiendas electorales. En Hidalgo enfrenta el priísta Francisco Olvera a Xóchitl Gálvez, la entusiasta candidata de la coalición PAN-PRD y aláteres en conflicto. Portento de la hora: Manuel Camacho pide a José Guadarrama disciplinarse a las reglas del juego. Con razón pudo valerse Jorge Rojo del buen humor: En el PAN confunden la política con la zootecnia y creen que si cruzan un puerco con una gallina van a obtener huevos con chorizo.

Duele cuando me río. Desde este foro refugio de remisos, un abrazo solidario para el Sabio Monsiváis.