l programa denominado E-Verify o programa de verificación electrónica
permite a los empleadores revisar el estatus legal de sus trabajadores. De hecho, el antecedente de esta verificación de datos de trabajadores extranjeros fue autorizado por el Congreso en 1997, a partir de un programa piloto básico activado en los estados de California, Florida, Illinois, Nueva York y Texas, cinco de los estados con mayor población migrante en Estados Unidos. Y fue complementado por la administración del presidente Barak Obama el día 17 de septiembre de 2007.
Se trata de una base de datos que tiene registrados a millones de personas, tanto ciudadanos como residentes legales y extranjeros, y que están conectados a los datos de la Administración del Seguro Social y del Departamento de Seguridad Nacional. Según Janet Napolitano, se trata de una herramienta inteligente, sencilla y eficaz que refleja nuestro compromiso de trabajar con los empleadores para mantener una fuerza laboral legal
. Y suponen los funcionarios que es la mejor forma para comprobar si los trabajadores tienen visa y permiso para laborar en el país.
Las autoridades pueden señalar muchas bondades acerca de este instrumento, pero la realidad es que ha habido una gran cantidad de quejas por la forma en la que se aplica el programa. Voces especializadas señalan que tiene muchas fallas pues, no es cierto que pueda detectar en forma certera los casos de identidad fraudulenta, de tal manera que el programa no está haciendo bien su tarea principal
, como señala Mark Rosenblum, investigador del Instituto de Política Migratoria.
El programa se equivoca tantas veces que los mismos senadores Chuck Schumer (demócrata por Nueva York) y Lindsey Graham (republicano de Carolina del Sur) quienes están redactando el proyecto de reforma migratoria sostienen que no es una herramienta adecuada, razón por la cual estos legisladores no quieren incluir la expansión del programa E-Verify.
Sin embargo, a pesar de todas estas fallas, el día 30 de marzo la empresa United Parcel Service (UPS), una empresa de paquetería, despidió a 300 empleados hispanos tras aplicar el sistema de verificación, lo que dio lugar a que un grupo muy nutrido de manifestantes se presentara frente a las oficinas de la empresa para protestar. Los empleados sostienen que fueron despedidos en forma totalmente arbitraria, ya que entre ellos se encontraban tanto residentes permanentes como ciudadanos hispanos. Además hubo casos en los que el problema eran los cambios de nombre, por ejemplo de soltera a casada y que no se habían registrado, o la situación contraria, cuando se divorcian. Lo que llama la atención es que todos los empleados despedidos eran hispanos, y todavía peor, que la mayoría de los 300 empleados despedidos tenían un promedio de 10 años o más trabajando para la UPS. A algunos de estos trabajadores se les pedía que presentaran un conjunto de documentos, pasaportes, actas de nacimiento, etcétera, que por supuesto no eran necesarios, o bien se les ofrecía que podían obtener un nuevo número de seguridad social. Lo cual es una completa arbitrariedad pues de aceptarlo habrían perdido su antigüedad. Ante la maraña burocrática y la falta de interés de la propia empresa para resolver las posibles equivocaciones, la triste realidad es que el trabajador y su futuro se ve afectado,
Las verdaderas razones que están detrás de un instrumento que ni remotamente es la solución para detener la contratación de migrantes indocumentados, pues estamos hablando de 12 millones de personas y es simplemente impensable que la economía del país resistiera el despido de todos ellos, tiene que ver con la enorme conveniencia para los empleadores, quienes de esta forma pueden reducir los costos de la empresa. Además es una forma en la que se crea una enorme incertidumbre y por lo tanto vulnerabilidad laboral que favorece siempre a los empleadores. Hay que destacar que el programa es todavía voluntario, es decir que se aplica en forma totalmente discrecional, aunque parece que si es obligatorio para los empleadores que tengan alguna relación con el gobierno federal.
Puede ser además, una forma en la que se trata de suavizar a los sectores más ultraderechistas y antinmigrantes, una suerte de toma y daca
ante la posibilidad de una futura negociación de la reforma al sistema de inmigración. No sería extraño que también se aceptara la petición del estado de Arizona para que el gobierno federal envíe refuerzos a la frontera para detener no sólo las armas, y drogas sino, como se enfatiza, a los indocumentados, en un marco de absoluta criminalización de los trabajadores.
Todo esto conforma un cuadro bastante negativo para todos los trabajadores, pero al final también para los demócratas ante las futuras elecciones de noviembre, pues de no corregir el rumbo van a perder el apoyo de los hispanos, y con ello quienes se van a ver beneficiados son sus opositores.
Y éstas sí son muy buenas razones para los republicanos.
