arece que la modorra se sacude, aunque sólo podamos hacer alusión, de manera brevísima, a unas cuantas de las iniciativas que tiene en sus manos el Legislativo. Pero vale la pena porque tal variedad nos muestra las contradicciones del gobierno y también, en algunos aspectos, la posibilidad de avanzar.

He aquí las principales: la llamada ley antimonopolios (de Felipe Calderón); la del senador Javier Corral, bautizada como ley antitelevisa; la reforma laboral de ese extraño personaje que es el secretario del Trabajo (con las bendiciones del PAN y del Presidente de la República), y también, last but not least, la reforma constitucional sobre derechos humanos (de la que surgiría una Comisión Nacional de los Derechos Humanos –CNDH– fortalecida), y como contraparte, la petición a la Cámara de Diputados del secretario de la Defensa que permitiría a los soldados ingresar a domicilios particulares sin orden judicial y detener a sospechosos por 24 horas sin presentarlos a autoridad civil alguna (es decir, un verdadero estado de excepción).

Es fácil ver las contradicciones entre estas iniciativas, que prueban nuevamente la ausencia de rigor en los mandos políticos del país. Algunas de éstas surgen de los legisladores (por ejemplo la ley antitelevisa). En este clima, por lo demás, parece extravagante la petición del secretario de Defensa a los diputados, que encontró rápida respuesta negativa en los organismos nacionales de derechos humanos y que sería motivo de escándalo público si prosperara y confirmación de que el Ejército simplemente procura disimular las violaciones a los derechos que ya ha cometido abundantemente.

Llama la atención la ley antimonopolios que presentó Felipe Calderón con algunas buenas razones. Por ejemplo, debido a los monopolios pagamos en México 223 por ciento más que en Estados Unidos por el cemento, 260 por ciento más por Internet y 230 por ciento más por telefonía. Otro punto de escándalo son los servicios bancarios (comisiones del ¡3 mil 600 por ciento más que en el extranjero!, las tarjetas de crédito 178 por ciento por arriba, el crédito a la vivienda 115 por ciento más, etcétera.)

Por supuesto que el escándalo tritura los bolsillos de los más pobres: 30 por ciento de los ingresos familiares se gasta en bienes y servicios controlados por monopolios, y eso significa una disminución de 40 por ciento en los presupuestos hogareños.

La iniciativa de Calderón se dirige a un aspecto fundamental de la concentración de la riqueza en México y de la desigualdad social, y por eso es plausible. Pero de inmediato surgen las preguntas: ¿se atreverán a de-safiar (Calderón y el Legislativo) a Emilio Azcárraga, a Carlos Slim, a Roberto González y a varios otros, o éstos, con sus recursos, frenarán o harán retroceder la iniciativa? Pero la suerte está echada y en este punto, sin duda, Ejecutivo y Legislativo contarían con el respaldo de las mayorías populares.

La ley antitelevisa, formulada por Javier Corral en nombre del PAN, parecería resolver adecuadamente la ecuación de la concentración de medios en México, y por eso tendría un vasto apoyo popular. No obstante que ya los voceros de Televisa parecen preparar su batería de argumentos y disculpas, supuestamente orientadas a demostrar que no hay concentración monopólica en los medios (o duopolio con el reino agregado de Ricardo Salinas). Ambas leyes (la antimonopolios y la antitelevisa) parecen en más de un sentido complementarias.

No olvidemos que en España se dan a conocer los nombres de las empresas acusadas de prácticas anticompetitivas desde el inicio de la investigación y que, según el presidente de la Comisión de Competencia de ese país, la simple publicación del nombre de las empresas acusadas de prácticas monopólicas pesa más que la aplicación de penas carcelarias a los responsables. ¡La denuncia con mayor efecto de presión que la pena misma!

En cuanto a la reforma de la ley del trabajo –viejo sueño empresarial panista en la iniciativa de Javier Lozano– resulta una aberración respecto de la ley que pretende reformar, pero sobre todo al artículo 123 constitucional. Arnaldo Córdoba, en estas mismas páginas, el 4 de abril, demostró brillantemente la regresión histórica que implicaría y la manera en que se debilitarían, hasta negarlas, muchas de las conquistas laborales reflejadas en nuestras leyes. Por supuesto, habría que recoger algunos de sus postulados, como el de la auténtica democracia sindical y el de la transparencia de las dirigencias obreras, pero sin liquidar (lo que pretende esta reforma) los derechos colectivos de los trabajadores, a quienes reduce a simples individuos en busca de oportunidades aleatorias en el mercado laboral. ¡La ley de la oferta y la demanda como condición opresiva para los trabajadores que ahora han de enfrentarse aisladamente al sistema!

En cuanto a las modificaciones constitucionales a la CNDH que refuerzan su personalidad jurídica, competencia y estructura (por ejemplo, señalando que las anteriores recomendaciones serán ahora de cumplimiento obligatorio, con capacidad de la comisión para presentar denuncias penales en contra de las autoridades que las desatiendan. ¡Es verdad, ahora se le proporcionan a la CNDH dientes para actuar! ¡Adelanto histórico y nuevas oportunidades en materia de derechos humanos!

Sin duda, la petición del secretario de Defensa para implantar de hecho el estado de excepción ni siquiera será escuchada por los diputados.

Variedad de iniciativas, con lados positivos y negativos, que ahora el Legislativo tiene la tarea de armonizar en beneficio de la nación.