La corrupción es una práctica que se mantiene por las fallas e ineficiencias de los gobiernos, y su costo en México equivale a 9 por ciento del producto interno bruto mientras las empresas erogan hasta 10 por ciento de sus ingresos en sobornos, aseguraron directivos empresariales y del Foro Económico Mundial (FEM).

Si no existieran esas fallas, los empresarios estarían dedicados a hacer negocios y no habría necesidad de pagar sobornos, dijo Michael Pedersen, director asociado del FEM, en una conferencia de prensa este lunes. El directivo explicó lo anterior pese a reconocer que en los actos de corrupción se necesitan dos.

El sector empresarial, argumentó, es parte del problema y de la solución al mismo tiempo, y a escala global hay más líderes empresarios y de gobierno en busca de frenar los actos de corrupción.

Según encuestas del FEM aplicadas a más de 12 mil directivos empresariales del mundo, la corrupción es el segundo factor más problemático para hacer negocios en México.

Entre 2003 y 2005 el país retrocedió en el índice nacional de corrupción y buen gobierno en el área de prácticas ilícitas, debido a una mayor regulación y a mayores ineficiencias.

A escala global, mil 300 millones de dólares al año se derraman por pagos extraoficiales, según las estimaciones del FEM.

La percepción es que en México las empresas están propensas a pagar sobornos para la facilitación de trámites y la obtención de contratos, señaló Pedersen.

Pese a ello, México se ubica en América Latina a media tabla en cuanto a percepción sobre esta práctica, añadió.

Luis Foncerrada, director del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, afirmó que los empresarios pagan sobornos en trámites para obtener permisos de conexión de servicios o de uso de suelo.

Las empresas, dijo, destinan 10 por ciento de sus ingresos para el pago de mordidas.

Juan Manuel Arriaga, presidente de AliARSE, organización sin fines de lucro, presentó en la rueda de prensa la Iniciativa de la Alianza contra la Corrupción promovida por el FEM, cuyo objetivo es convocar a las empresas del país a que se comprometan a adoptar una política de cero tolerancia al cohecho y desarrollar un programa efectivo para implantar esa política.

La iniciativa pretende alentarlas a que apliquen principios y prácticas anticorrupción, con base en la integridad y la conducta ética, en una acción similar cuando comenzó el movimiento de Empresas Socialmente Responsables.

De acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad, un país con alta percepción de la corrupción carece de reglas claras y genera incertidumbre en las empresas, lo que inhibe las inversiones y el crecimiento económico.