Ex braceros de ocho estados llegaron ayer a la ciudad de México para demandar al gobierno federal y al Congreso de la Unión cumplir con el pago de los ahorros que generaron entre 1942 y 1964, como parte de un programa de trabajo que firmaron los gobiernos de Estados Unidos y México.

En sillas de ruedas, con muletas, apoyados en bastones y familiares, ex trabajadores o sus viudas, procedentes de Zacatecas, Jalisco, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Guerrero y Chiapas, arribaron a la delegación Azcapotzalco del Distrito Federal y hoy iniciarán un plantón en el Hemiciclo a Juárez para exigir que se cubra el adeudo histórico. Si hay voluntad política se puede llegar a un acuerdo y dar por finiquitada la demanda, afirmó Efraín Arteaga Domínguez.

Los inconformes salieron de sus entidades de origen el pasado día 10 para exigir que les paguen el fondo de ahorro constituido con 10 por ciento deducido de sus salarios cuando trabajaron en Estados Unidos. Los recursos fueron depositados en el banco Wells Fargo, que cada año los enviaba al gobierno de México para que los entregara a los ex braceros.

Arteaga Domínguez sostuvo que de los 4.5 millones de mexicanos que participaron en el programa, sólo algunos han recibido parte de esos ahorros. Si sumáramos los intereses devengados desde que concluyó el acuerdo, el monto sería enorme, pero los ex trabajadores, sus viudas y familiares están dispuestos a firmar un acuerdo.

Los manifestantes proponen que las autoridades paguen 100 mil pesos a cada uno de ellos, a familiares o viudas, independientemente de los 38 mil pesos del fideicomiso de apoyo social que se creó para resarcirlos. Si lo aceptan, se firmará un acuerdo de finiquito, indicó Arteaga.

Por la mañana, en Guanajuato, el gobierno estatal panista bloqueó con patrullas de tránsito el acceso a la capital de ese estado para evitar que camiones con ex braceros se manifestaran ante el palacio de gobierno.

Alrededor de las 10:30 horas del lunes, los agentes cerraron con grúas y patrullas el bulevar Euquerio Guerrero en la zona de la glorieta Santa Fe, lo que impidió que cinco camiones con unos 200 ex trabajadores agrícolas, mujeres y niños ingresaran a la ciudad.

Ancianos hasta de 90 años de edad caminaron casi 10 kilómetros hasta el palacio de gobierno, con un calor de más de 30 grados centígrados, lo que demostró que la administración del gobernador panista Juan Manuel Oliva Ramírez es insensible. Es un gobierno cobarde que tiene miedo de que la gente se manifieste pacíficamente, dijo el líder estatal de la Unión Campesina Democrática, Francisco Escobar, quien encabezó a los ex braceros.

El palacio de gobierno estaba rodeado por unos 40 elementos de Seguridad Pública del Estado. Los inconformes entregaron un pliego para exigir el pago de 34 mil pesos para cada uno de los guanajuatenses que participaron en el programa Bracero, entre otras peticiones.