Madrid, 12 de abril. La Audiencia Nacional española notificó hoy, tras siete años de espera, su sentencia sobre el caso del cierre del periódico vasco Euskaldunon Egunkaria: los cinco imputados fueron absueltos de todos los cargos. Pero, además, en la resolución se criticó con dureza la actuación del juez instructor, Juan del Olmo, por asumir la tesis de que todo lo que tenga que ver con el euskera o la cultura vasca tiene relación con la organización armada vasca ETA, además de señalar que el cierre provisional de un medio de comunicación no tiene cobertura constitucional.

En febrero de 2003 la Guardia Civil española montó un operativo en el País Vasco que se desarrolló de madrugada, para lo que movilizó a un centenar de agentes de la brigada antiterrorista. El objetivo era detener en sus domicilios a los principales responsables del periódico vasca, cerrar el rotativo y confirmar miles de documentos, soportes informáticos y hasta ikurriñas (bandera vasca) como supuestas pruebas de la relación directa entre el único periódico editado íntegramente en euskera con el grupo armado.

El juez Del Olmo admitió entonces un informe de la Guardia Civil que ya había sido rechazado por otro juez, Baltasar Garzón, para amparar el operativo y, sobre todo, el auto en el que decretó el cierre provisional.

Denunciaron torturas

Los detenidos estuvieron casi tres días incomunicados –algunos denunciaron torturas, vejaciones y amenazas– y se cerró la rotativa en la que trabajaban 150 personas.

Siete años después los cinco imputados –Martxelo Otamendi, Joan Mari Torrealdai, Iñaki Uria, Txema Auzmendi y Xabier Oleaga– fueron absueltos (la sentencia todavía es recurrible al Tribunal Supremo), lo que supone el final de un calvario en el que han tenido que depositar fianzas altísimas y luchar para demostrar su inocencia.

En aquella época gobernaba el derechista José María Aznar con puño de hierro, sobre todo en lo relacionado con el nacionalismo vasco, hasta el punto de que rompió cualquier relación con el gobierno vasco de entonces y se promovió desde Madrid y desde medios afines la tesis de que el conjunto de las formaciones nacionalistas favorecía de uno u otro modo la estrategia de ETA.

Ahora, siete años después, la justicia española hizo duras críticas a prácticamente todo el proceso, desde su origen hasta su desarrollo; la instrucción siguió su curso incluso a pesar del criterio de la fiscalía y apelando únicamente a las querellas presentadas por las asociaciones ultraconservadoras Dignidad y Justicia y Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT).

La sentencia señala que la política editorial del diario, en el que tenían cabida expresiones del españolismo más radical hasta los postulados abertzales (nacionalistas), permitía descartar que el periódico fuera un instrumento para la comisión de delitos, además de mostrar su preocupación ante la figura asumida por el juez para decretar el cierre provisional, ya que es “de difícil encaje en nuestro ordenamiento.

La suspensión provisional no tiene cobertura constitucional directa, pues sólo se regula el secuestro como injerencia de los poderes públicos en la actividad de publicaciones y otros medios de información, medida que exige una resolución judicial motivada, protegiendo así los derechos relacionados con la libertad de expresión e información y prohíbe todo tipo de censura previa.

Además, los magistrados de la sala apuntan que entre los hechos probados no se ha acreditado que parte alguna del capital social fuera de procedencia ilícita ni desvío o envío de fondos o activos de clase alguna desde la sociedad editora del diario a ETA.

La sentencia va más allá, al insistir en que la estrecha y errónea visión según la cual todo lo que tenga que ver con el euskera y la cultura en esa lengua tiene que estar fomentado y/o controlado por ETA conduce a una errónea valoración de datos y hechos y a la inconsistencia de la imputación.

Martxelo Otamendi, ex director del diario, mostró su alegría por la resolución pero advirtió que esto no se ha acabado, pues recordó que todavía cabe un recurso de apelción, y también, que él tiene pendiente una querella ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo por las supuestas torturas y vejaciones que sufrió en el periodo de incomunicación y que ningún tribunal español admitió a trámite.

Ahora, en la sentencia, se dice que en esos días no hubo un control judicial suficiente y eficiente, con lo que reconoce la falta de garantías para los detenidos.

Iñigo Urkullu, presidente del Partido Nacionalista Vasco, resumió el sentir de la sociedad vasca ante la noticia: Una satisfacción que, sin embargo, no oculta nuestro rechazo y preocupación por todo lo sucedido en este asunto: cierre de un medio de comunicación, consecuencias para todos y cada uno de los profesionales, denuncias por torturas, censura a la libertad de expresión, actuantes en la acusación, retirada posterior de la Fiscalía, proceso de siete años de duración...