Ante el amago de legisladores de solicitar su destitución, el presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, Miguel Osuna Millán (PAN), aceptó que el dictamen de reforma a la Ley General de Salud para hacer obligatorio el ejercicio en las escuelas y eliminar la venta de comida chatarra en los planteles, se discuta en la sesión de hoy sin modificaciones.

Sin embargo, admitió que algunos diputados –sin precisar quiénes– podrían presentar una reserva en la votación en lo particular del dictamen.

Para evitar su remoción, aceptó despedir a sus dos principales colaboradores, a quienes atribuyó la responsabilidad de no requerir las firmas de los secretarios de la comisión para solicitar, el jueves pasado, que se retirara de la orden del día ese dictamen y dos más.

El médico –hermano del gobernador de Baja California, José Guadalupe Osuna Millán– dijo que desde ayer fueron separados de su cargo el secretario técnico de la comisión, Pedro González Santillán, y el asesor Jesús Ángel Duarte, quienes habrían presentado la solicitud a la Mesa Directiva de retirar el dictamen. Alegó que él no se presentó a la sesión ordinaria por una molestia estomacal.

Osuna Millán reconoció, sin embargo, que él promovió el retiro del dictamen de reforma a los artículos 65 y 66 de la Ley General de Salud, debido a una diferencia de apreciación con la diputada Cristina Díaz Salazar (PRI) y al rumor de que el documento publicado en la Gaceta Parlamentaria del jueves era distinto al aprobado en la comisión.

El panista rechazó las versiones respecto de que el secretario de Educación, Alonso Lujambio Irazábal, lo había presionado para que retirara dicho dictamen.

Más tarde, la comisión decidió retirar el dictamen a la minuta del Senado sobre la reforma al artículo 327 de la misma Ley General de Salud.

Dicha minuta plantea permitir la industrialización del plasma, tejido músculo esquelético, cutáneo, vascular y de la membrana amniótica con fines de investigación, preventivo, de diagnóstico o terapéutico.

También considera facultar a la Secretaría de Salud para que determine de manera exclusiva las disposiciones jurídicas aplicables para regular los procesos de industrialización y las actividades inherentes a ésta, observando los principios de equidad, seguridad y procuración del beneficio para la salud pública.

Además, se busca prohibir el comercio de órganos, tejidos y células, y definir que la donación de éstos con fines terapéuticos se regirá por principios de altruismo, ausencia de ánimo de lucro y confidencialidad, por lo que su obtención y utilización serán estrictamente de manera gratuita.