Buenos Aires, 15 de abril. Una multitudinaria manifestación marchó desde la plaza del Congreso hasta el Palacio de Tribunales en demanda de la aplicación de la ley de comunicación audiovisual, que fue votada y aprobada en octubre pasado en el Poder Legislativo y obstaculizada por una resolución judicial, avalada por la oposición de derecha, los dueños de los monopolios informativos y con pasado dictatorial.

En un escenario armado ante tribunales estuvieron legisladores, Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, dirigentes sindicales, políticos, sociales y estudiantiles. Unas 50 mil personas, por lo menos, participaron en la protesta.

Al referirse al tema, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner consideró que la suspensión de esta ley por la Cámara de Apelaciones de Mendoza constituye un hecho de gravedad institucional y advirtió que no puede existir un vacío legislativo en la materia. Razonó también que en este caso no hay reclamos por artículos que algún juez pudiera considerar inconstitucionales.

Para frenar la legislación, se aplicó una medida cautelar con base en la solicitud de un legislador que votó en contra y se procedió a interrumpir la aplicación total de la ley.

Los obstáculos surgen de la oposición

La causa fue iniciada por el diputado opositor Enrique Luis Thomas, quien denunció irregularidades -que no se demostraron- en el procedimiento de sanción de la ley. La jueza Olga Pura de Arrabal sorprendentemente decidió suspender la aplicación y los actos de ejecución de esta legislación.

El pasado 26 de marzo sucedió otro hecho insólito. La medida de la magistrada fue ratificada por tres jueces que integran la Cámara Federal de Mendoza, Otilio Romano, Alfredo López Cuitiño y Julio Petra.

La mandataria, después de encabezar un acto en el Banco de la Nación, donde anunció nuevos créditos hipotecarios, se preguntó que ante esas circunstancias: ¿qué ley aplica Argentina en materia de medios audiovisuales, la que estaba vigente y era de la dictadura o la que aprobó la Cámara?.

La ley se votó con una mayoría amplísima, donde no sólo apoyó el oficialismo, sino también sectores de la oposición que nunca votan con nosotros.

Entonces se acudió a la Corte Suprema de Justicia, para destrabar la aplicación de la ley. Esta fue elogiada por el relator de la libertad de expresión de Naciones Unidas, fue discutida en foros diversos y recibió el apoyo de universidades del país.

Dirigentes de distintos sectores destacaron durante el acto multitudinario el evidente consenso social, expresado en esta ley que ahora se defiende en las calles y que intentan paralizar grupos monopólicos de la información para proteger sus intereses minoritarios.

Inauguró el acto Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, demandando el cumplimiento de la ley sancionada por el Congreso, con gran apoyo popular en todo el país.

Venimos a pedirle a la Corte Suprema de Justicia que libere esta ley, que logró la unidad de tantos sectores. No existe ningún otro tema donde haya tanta convergencia, sostuvo el dirigente Néstor Busso.

También la representante del gremio de la educación, Estela Maldonado, consideró que la resolución judicial de Mendoza es una muestra más de que los monopolios tienen sus brazos extendidos en el Poder Judicial.

Entre otras expresiones, Julio Piumato, de la Confederación General del Trabajo, recordó que esta ley votada en Argentina es reconocida en todos los países donde se lucha por la democratización de la información.

En el mismo tono, Hugo Yasky, secretario general de la Central de Trabajadores Argentinos, no oficialista, señaló que la manifestación es la expresión de un pueblo que está dispuesto a continuar en las calles para que esta ley votada por el pueblo y a favor del derecho de los pueblos, se aplique como debiera ser.

Organizada por la Coalición por una Radiodifusión Democrática, la marcha tuvo una respuesta masiva y Hebe Bonafini, de Madres de la Plaza de Mayo, con un discurso duro demandó a la Corte Suprema que baje la cabeza y mire hacia el pueblo. A la justicia hay que impulsarla desde las calles y las veredas, dijo.

Esta noche, además, el Ministro de Economía Amado Boudou presentó la propuesta de reapertura del canje de deuda y dijo que espera una aceptación mínima del 60 por ciento. La operación comenzará formalmente en 10 días y significará un ahorro de nueve mil millones de dólares.