isperso, y aparentemente desorganizado, el narco es la primera fuerza que reta en forma decisiva al Estado mexicano. Opera visiblemente en todo el territorio nacional y expande sus mercados en el extranjero con tecnología y una impresionante estructura financiera; importa armas de grueso calibre para combatir abiertamente a las fuerzas armadas, y corrompe con impunidad autoridades federales, estatales y municipales; cobra impuestos, impone leyes y cuenta con fuerza pública, reconoció recientemente Felipe Calderón.

A pesar de lo anterior, el mandatario insiste en enfocarse únicamente en una de las actividades ilegales: el tráfico de drogas. Nadie en el gobierno –salvo unos cuantos generales en el seno de las fuerzas armadas– parece darse cuenta de que el tema dejó de ser hace mucho tiempo un problema de arrestos, balaceras, decomisos y extradiciones. Hoy los temas son otros: el regreso del Ejército a los cuarteles, una política de seguridad nacional que dé certidumbre legal a los altos mandos; despenalización de las drogas, tratamiento de los adictos y la posible (¿deseable?) negociación con los cárteles. El narco ya superó la etapa inicial y está convirtiendo su reto en un asunto de supervivencia nacional. ¿Continúa existiendo el Estado mexicano? ¿Somos un Estado fallido?

En un afán protagónico e irreflexivo por democratizar sin ayuda de nadie el sistema político nacional, Vicente Fox desmanteló la presidencia monolítica, y al mismo tiempo permitió que florecieran incontrolables los feudos estatales que padecemos. Sin supervisión presidencial los gobernadores se volvieron dueños absolutos de sus jurisdicciones; señores de horca y cuchillo con oídos dispuestos a escuchar las tentadoras ofertas del narcotráfico. Por otra parte, la cantidad de organizaciones criminales que existen en México y el creciente número de estados donde operan, nos obliga a concluir que tenemos un gobierno corrupto hasta la médula (en cuyo caso la presencia del narco resultaría un mal menor), o que en unos cuantos años todo México se volvió adicto al uso de estupefacientes, lo cual está lejos de la realidad. Tampoco es cierto que el incremento cada vez mayor de las áreas de operación de los cárteles signifique que el país ha caído irremediablemente en una vorágine de robos, secuestros, extorsiones, piratería y los demás ilícitos atribuidos al crimen organizado.

El narco se prepara. Armado hasta los dientes y apoyado por ex militares, asesores legales y financieros, conocimiento de los mercados y con decenas de millones de dólares que ingresan a sus arcas diariamente por aire, mar y tierra, los capos parecen preparados para dar la batalla final. Lo sucedido hasta hoy son escarceos. Miden el calibre de las armas, la estrategia, la capacidad de organización y la resolución de combatir de las fuerzas armadas. Infiltran todos los niveles militares, judiciales y de gobierno, y se disponen a instalar, si no es que lo han hecho ya, un estado dentro del Estado mexicano. ¡Una sociedad paralela!

Rafael Rodríguez Castañeda, director de Proceso, y coordinador de los magníficos ensayos titulados “El México narco” (que presentan una visión apocalíptica del narcotráfico), está convencido de que, como sangre que escurre en un plano inclinado, el narco ha invadido el territorio nacional y que el espejo del México de hoy “refleja al narco junto al resto de las estructuras sociales del país”.

¿Qué vivimos? ¿Una guerra civil? En eso coinciden expertos y estrategas militares; una guerra civil en la que se disputan sumas descomunales de dinero y territorios. No existen, como en otras guerras civiles, diferencias ideológicas, pero se juegan vastos territorios de la geografía nacional, rutas de importación y exportación de drogas, armas y dineros; campos de aterrizaje clandestinos, y al final la manzana de la discordia: el poder político en todos los niveles de gobierno. Otra característica de la guerra civil, en la que coinciden los expertos, es el número de bajas (generalmente mil por año. Aquí el gobierno reconoció recientemente 7 mil 500 por año en el sexenio).

En “El México narco” los reporteros de Proceso presentan un país de-sahuciado. Un país, afirma Rodríguez Castañeda, al que los hombres del poder político y económico –con sus abusos sin límite– han contribuido a degradar, porque el tamaño del narcotráfico en México equivale a la magnitud de la corrupción. En el pasado, el contubernio entre esos hombres del poder político y económico se traducía únicamente en jugosos contratos de construcción y redituables suministros de bienes y servicios. Eso convirtió al gobierno en una fuente inagotable de muy buenos negocios, apartándolo de sus funciones naturales de administración e impartición de justicia.

Hoy el narco ha llegado más allá; ha creado un Estado paralelo que coexiste incontenible frente a las demás estructuras sociales: la política, los negocios, las finanzas y el ejercicio de las profesiones liberales. Ha llegado el momento de entregar la plaza, o de analizar el tema con un enfoque diferente.

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