Querétaro, Qro., 15 de abril. Teresa González y Alberta Alcántara, condenadas a 21 años de prisión por secuestrar a seis elementos de la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI), pidieron al subprocurador de Derechos Humanos, Atención a las Víctimas y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría General de la República (PGR), Juan de Dios Castro Lozano, que se ponga en su lugar, pase un día en la cárcel y verifique que los derechos humanos en favor de las mujeres indígenas no existen en los hechos.

Al ser visitadas en el Centro de Readaptación Social (Cereso) femenil de San José El Alto, por cinco diputados federales de los partidos del Trabajo y de la Revolución Democrática, ambas mujeres dijeron sentirse utilizadas por políticos y funcionarios que les ofrecen apoyo, y a la fecha no observan que avance en su caso.

Teresa indicó que sus compañeras en el Cereso le dieron a conocer las afirmaciones que Juan de Dios Castro emitió el miércoles, cuando recomendó a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que al resolver el caso de las indígenas, no se dejen influenciar por la lágrima de los pobres que no tienen razón.

La otomí consideró una lástima que esa postura provenga de un funcionario encargado de aspectos de derechos humanos, y recordó que en alguna ocasión llegó a pedir a activistas defensores de las garantías individuales, de quienes no precisó nombres, que se retiraran del Cereso y no la buscaran si no podían resolver su caso.

De qué sirve que digan qué son derechos humanos, que nos ayudan a nosotras como mujeres indígenas, ¿donde están entonces si se la pasan hablando mal de nosotras? Cómo me gustaría que por lo menos pasara un día en un lugar como éstos, para que él (Juan de Dios Castro) se diera cuenta de que no es fácil salir adelante, dijo Teresa González.