Monterrey, NL., 16 de abril. Activistas de Alternativas Pacíficas, Colectivo Plural de Mujeres y Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, entre otras agrupaciones civiles, clausuraron en forma simbólica el palacio de gobierno, en protesta porque, aseguraron, las autoridades de Nuevo León no han hecho justicia en el caso de tres menores que en agosto de 2008 desaparecieron del albergue Centro de Adaptación e Integración Familiar (Caifac).

Los manifestantes señalaron que se ignora el paradero de Diana Lizeth Bernal Hernández, de 11 años de edad, y sus primos Adriana Guadalupe y Julio César Castañeda Bernal, de 14 y 12 años, respectivamente, y existe clara omisión de las autoridades estatales.

Ante la nula voluntad de las instituciones gubernamentales para encontrar a los menores, este jueves los representantes de las organizaciones no gubernamentales (ONG) presentaron una denuncia ante la Contraloría del Estado para que investigue las gestiones y omisiones en el caso Caifac. Anunciaron que, además, buscarán el apoyo de instancias internacionales.

En agosto de 2008 se conocieron las irregularidades que ocurrían en el Caifac, luego de que la niña Brenda Carolina Bernal Hernández, de 12 años, escapó del albergue y denunció que a los internos los obligaban a comer alimentos en mal estado, los maniataban y los encerraban en un cuarto y a veces hasta en un ropero.

Aseguró que algunos menores del Caifac fueron llevados a destinos turísticos y cuando regresaban mostraban una actitud extraña y no se les permitía convivir con otros niños.

Las madres de Diana Lizeth Bernal Hernández y de Adriana Guadalupe y Julio César Castañeda Bernal, decidieron sacar a los menores del albergue, pero la directora, Patricia Murguía, no les permitió siquiera verlos, por lo que presentaron una denuncia penal ante la Procuraduría de Justicia del Estado (PGJE) en diciembre de 2008.

Los activistas que este viernes clausuraron simbólicamente durante media hora el palacio de gobierno, explicaron que después de interponer esa demanda, los menores estuvieron en manos de personal del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, pero el organismo no los puso bajo su resguardo.

Luego de 16 meses, la PGJE del estado no los ha localizado y tampoco ha ejecutado la orden de aprehensión contra Patricia Murguía, emitida en abril de 2009.

Los representantes de las ONG se preguntaron qué poderosos intereses están detrás del caso Caifac, para que las autoridades nuevoleonesas se muestren apáticas o cómplices en lo que pudiera ser un caso de trata de personas, prostitución infantil o tráfico de órganos.