La dirigencia del Partido de la Revolución Democrática local y sus voceros en la Asamblea Legislativa y la Cámara de Diputados, e integrantes del Movimiento Urbano Popular exigieron al gobierno capitalino someter a consulta ciudadana el proyecto de construcción de la supervía poniente y la Ley de Desarrollo Urbano, que prevé legalizar la expulsión de habitantes de zonas de interés de los grandes inversionistas.

Manuel Oropeza, presidente del PRD-DF, dijo que si bien en primera instancia este ejercicio estaría pensado para las delegaciones Magdalena Contreras y Álvaro Obregón, por ser las más afectadas, no se descartaría ampliarlo a toda la ciudad, pues se trata de una obra de alto impacto que va del acceso de la autopista a Querétaro a la entrada de la carretera a Cuernavaca.

Alejandro Sánchez Camacho, vocero de la bancada de este partido en la Asamblea Legislativa, afirmó que la propia ALDF está facultada para convocar a la consulta ciudadana, pero se requerirían las dos terceras partes del pleno, y dado que los tiempos apremian lo más conveniente es que la organice el gobierno.

Al no ser vinculatoria la consulta, tomar en cuenta sus resultados sería un asunto de voluntad política y de actuar como un gobierno de izquierda. Con esta postura coincidió Leticia Quezada, vocera del PRD en la Cámara de Diputados.

Sin embargo, la propuesta de los integrantes de la corriente Izquierda Democrática Nacional fue criticada por el secretario general del sol azteca local, Jesús Valencia –cercano al jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard–, quien acusó a sus correligionarios de actuar de manera facciosa.

En conferencia de prensa, Alejandro Meave, Rosa Elena Vargas y Ángel Rangel, integrantes de organizaciones y referentes del Movimiento Urbano Popular (MUP), exigieron que la Ley de Desarrollo Urbano sea sometida también a una consulta ciudadana, pues de aprobarse permitirá la expropiación de predios para la construcción de vialidades por utilidad pública”, y la “supervía poniente es sólo uno de los problemas que se avecinan”, indicaron.

Además legalizaría la expulsión de habitantes en áreas de alto potencial económico, ante el interés del sector privado por crear zona exclusivas, donde los pobres no tienen cabida, como sucede hoy en la parte oriente del Centro Histórico, donde las familias Slim y Ayub se están apropiando de inmuebles ubicados en Correo Mayor, Academia y Anillo de Circunvalación.

El presidente del PAN-DF, Obdulio Ávila, dijo ayer que propondrá a los diputados locales y al GDF analizar de manera profunda la Ley de Desarrollo Urbano que definirá el uso del suelo en la capital del país, que haga sustentable el crecimiento de la ciudad de México, y empiece a revertir el grave problema del gran desplazamiento de la población trabajadora, que es uno de los factores de la congestión de las vialidades.

Pidió al gobierno capitalino y la ALDF una visión integral metropolitana, y dejar de lado la aplicación de medidas emergentes que distan mucho de solucionar la saturación vial y la calidad del aire de la capital.