n el más reciente Análisis económico ejecutivo, reporte semanal del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), se apremia a la clase política, y en particular a los integrantes de la actual legislatura, a aprobar las reformas estructurales pendientes, en especial las que se refieren a competencia y las propuestas de reforma laboral y del Estado. El organismo llama a aprovechar las oportunidades generadas por la crisis económica, a fin de hacer más productivo al país y ganar terreno a nivel mundial.

La demanda no es nueva: desde el periodo presidencial de Miguel de la Madrid (1982-1988) y durante las administraciones siguientes, hasta la actual, el gran empresariado ha conseguido imponer reformas estructurales como apertura del mercado interno, adelgazamiento del Estado, liquidación de las estrategias de bienestar social y de subsidios a la economía popular, privatización masiva de bienes públicos, debilitamiento del ejido (mediante la modificación del artículo 27 constitucional), transferencia de los fondos de jubilación de los trabajadores a las corporaciones financieras privadas, políticas de contención salarial y de hostigamiento oficial a los sindicatos independientes, desregulación indiscriminada y aplicación de criterios fiscales que exoneran de la mayor parte de sus obligaciones a los grandes capitales y se encarnizan con los causantes cautivos.

El resultado de ésas y otras reformas estructurales, que son el tren de aterrizaje del modelo económico neoliberal, ha sido catastrófico y trágico: el sector informal de la economía ha crecido junto con el desempleo (tanto el abierto como el disimulado por las cifras oficiales), la pobreza, la miseria y la marginación; se ha vuelto intolerable la desigualdad social causada por la concentración de la riqueza en manos de unos cuantos; el país ha perdido soberanía en todos los ámbitos; buena parte del agro –al menos, la que no ha sido reestructurada en grandes industrias orientadas primordialmente a la exportación– ha sido arrasada; la migración se ha multiplicado, igual que la desintegración social y familiar. Tales condiciones han producido, a su vez, una descomposición institucional inocultable y una pérdida del control efectivo del territorio por los organismos del Estado, y se ha creado, así, el margen de acción para una violenta criminalidad que hoy en día escapa a cualquier intención de control o contención por parte de las autoridades.

A estas alturas tendría que ser evidente que nuevas reformas estructurales neoliberales y proempresariales –como la iniciativa de modificaciones a la Ley Federal del Trabajo presentada recientemente por la bancada panista en la Cámara de Diputados– no van a sacar a México del desastre; por el contrario, lo hundirían más en él. La reactivación económica y la recuperación de la plena gobernabilidad requieren, por el contrario, de un cambio del modelo económico que se ha seguido hasta ahora y que ha sido dictado, principalmente, por las cúpulas empresariales locales, los organismos financieros internacionales y los capitales trasnacionales. Es necesario, en suma, recuperar mecanismos de redistribución de la riqueza o concebir instrumentos nuevos para combatir la desigualdad y empezar a restituir a la mayoría de la población aquello de lo que ha sido despojada en los últimos cinco sexenios: educación, salud, poder adquisitivo, servicios, trabajo, propiedad y derechos. La exasperación social que recorre el país no da mucho margen para ensayar nuevas reformas estructurales como las que ha sufrido México y que han resultado ser instrumentos de depredación.