La subsecretaria del Sistema Penitenciario, Celina Oseguera Parra, aseguró que no hay indicios de que funcionarios de mando estén involucrados en los casos de prostitución denunciados en los reclusorios capitalinos. Indicó que dos de las tres internas que se quejaron ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal se retractaron.

Por separado, el procurador capitalino, Miguel Ángel Mancera, reveló que se investiga a cuatro personas que podrían estar involucradas en estos hechos, de los cuales hasta ahora no se ha determinado si son ejecutados por una red organizada o son actos aislados.

En una reunión de trabajo en la Comisión de Administración y Procuración de Justicia de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), Oseguera Parra precisó que los casos denunciados se presentaron en el periodo de febrero a octubre de 2009 y corresponderá a la procuraduría capitalina determinar si las conductas que se denunciaron están tipificadas como delito.

La funcionaria recibió reclamos airados de los diputados, en particular del diputado del PRI Cristian Vargas, quien le exigió que no se lavara las manos en este asunto, tras denunciar que en las cárceles de la ciudad se cobran mil 500 por relación sexual y 100 pesos por sexo oral.

El priísta reveló que una interna le envió una carta, en la que denuncia que fue violada cinco veces por internos y un custodio.

En tanto, Mancera explicó que existe una línea de investigación abierta sobre las denuncias de prostitución, en la cual trabajan de manera coordinada la Secretaría de Gobierno y el Tribunal Superior de Justicia del del Distrito Federal.

En entrevista al finalizar el informe anual 2009 de José Luis Placencia, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, agregó que se recaba toda la información del caso y que ya se han elaborado citatorios contra personal posiblemente involucrado.

Interrogado sobre el área donde trabajan las personas involucradas en la prostitución de internas, apuntó que en su momento lo daría a conocer.

Sin embargo, el procurador capitalino se negó a hacer mayores precisiones, porque eso implicaría poner en alerta a algunas personas.

Fuentes judiciales también informaron que en el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal se indaga la posible falsificación de firmas de jueces para liberar órdenes falsas de traslado de las mujeres recluidas a centros penitenciarios de hombres, por parte de personal del sistema penitenciario y juzgados.