yer, el senado de Arizona aprobó una ley que convierte en delito estatal la carencia de documentos migratorios de trabajadores extranjeros y obliga a las corporaciones policiacas locales a perseguir a los indocumentados. La gobernadora, Jan Brewer, dispone de un plazo de cinco días para firmar o vetar la disposición legal, con lo que esa entidad fronteriza se convertiría en la primera en criminalizar la irregularidad migratoria.

Lo anterior ocurre en el contexto de las contiendas previas a las elecciones legislativas de noviembre, en las que el Partido Republicano –al que pertenece Brewer– está en riesgo de ser rebasado por movimientos ultraconservadores, como el denominado Tea Party. Como suele suceder en el país vecino, los comicios legislativos van precedidos de oleadas xenófobas en las que las posturas antinmigrantes son agitadas ante los electores de la mayoría anglosajona como prenda patriótica de los aspirantes. Con ese telón de fondo ha sido posible observar la mudanza del senador y ex candidato presidencial John McCain, quien de apoyar una reforma migratoria pasó a respaldar la reforma legal antinmigrante aprobada ayer.

En ese mismo entorno de paranoia patriotera, y ante la descontrolada violencia que se vive al sur de la línea fronteriza, McCain y su colega Jon Kyl pidieron, ayer mismo, el envío de tres mil efectivos de la Guardia Nacional a la frontera con México, así como el reforzamiento, mediante aviones no tripulados y sistemas terrestres de vigilancia, del muro que Washington construye en la delimitación binacional.

Así, al racismo y la xenofobia tradicionales que han alimentado las campañas contra los migrantes se une ahora el temor de que las confrontaciones armadas que ocurren en México transiten hacia territorio de Estados Unidos. Los que están cruzando la frontera están cada vez más armados, dijo McCain, como si el flujo laboral y el delictivo fueran lo mismo.

El hecho, sin embargo, es que las autoridades del país vecino mantienen, por tradición, una persecución implacable de los mexicanos y latinoamericanos que acuden allá en busca de trabajo, pero han sido inexplicablemente laxos en el control de la delincuencia transfronteriza, tanto en lo que se refiere al ingreso de drogas ilícitas como en el descontrolado trasiego de armas de fuego que tiene lugar en sentido norte-sur.

Más aún: sin necesidad de efectivos adicionales, y con el dispositivo ya montado para impedir el cruce de migrantes, y que hace de la frontera mexicano-estadunidense la más vigilada del mundo, podría detenerse la entrada a territorio del país vecino de las sustancias ilícitas que tienen en la superpotencia su principal mercado mundial.

Con estas consideraciones en mente, da la impresión de que tanto la ley aprobada por el senado de Arizona como las arengas de McCain y Kyl son un ejercicio de hipocresía. La migración, documentada o no, de mexicanos y centro y sudamericanos hacia Estados Unidos no ha sido nunca un factor de desestabilización o inseguridad; por el contrario, los trabajadores latinoamericanos realizan un aporte fundamental a la economía y la cultura estadunidenses. Por lo que hace al narcotráfico, el país vecino es el origen y el epicentro del problema, por más que sus manifestaciones violentas hayan sido contenidas, hasta ahora, al sur del río Bravo, algo que no puede explicarse sin una tolerancia corrupta de las autoridades del otro lado de la frontera.