l secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, dijo recientemente que la iniciativa de reformas laborales presentada por su jefe el pasado 18 de marzo busca regular las prácticas que actualmente ocurren en el sector informal o al margen de la ley. Con ese criterio habrá que ir pensando en despenalizar los levantones y las ejecuciones extrajudiciales. Hasta donde se sabe, la tarea de las autoridades es hacer cumplir las leyes, no adulterarlas para dar gusto a quienes las infringen, que son, significativamente, los patrones.

Este gobierno nunca ha aplicado la legislación laboral vigente en favor de los trabajadores y de sus organizaciones independientes. Más aún, los ha perjudicado en forma sistemática mediante interpretaciones sesgadas, facciosas y abusivas, como la disposición de la toma de nota a las dirigencias sindicales. Ahora viene a vendernos, como beneficios para los asalariados, el acotamiento del derecho de huelga, el fin de la certidumbre en el empleo y la eliminación del derecho a indemnización. Esto no es una reforma, sino una contrarreforma. Miente Felipe Calderón cuando afirma que busca una Ley Federal del Trabajo renovada y más cercana a la realidad del país en el siglo XXI. Lo que pretende, en realidad, es retroceder a los albores del siglo XX, cuando se permitía la sobrexplotación de los peones acasillados y cuando se asesinaba a los obreros en Cananea.

Contratación por horas; trabajo a destajo; pérdida de salarios caídos, de derecho a la reinstalación, de ascenso escalafonario, de conquistas sindicales; incertidumbre y desprotección ante el despido injustificado. ¿Qué otra cosa pedirán los patrones para abaratar aún más este enorme mercado de mano de obra miserable? Parece ser que a quienes controlan el poder público les interesa reducirnos a un hato aterrorizado por el naufragio de la seguridad, atomizado y desinformado, sometido a los caprichos y a las gulas de consorcios nacionales y extranjeros que podrán venir a comprarnos a granel: por individuo, por pieza, por hora, por kilo, por litro de sangre.

Ya a principios de los años 90 del siglo pasado, teóricos estadunidenses como Richard Reich e Ira Magaziner tomaban distancia de la barbarie neoliberal y señalaban que la principal riqueza de Estados Unidos no era la infraestructura y la planta industrial, porque se volverían obsoletas, ni la bolsa de valores, porque los capitales iban y venían como les daba la gana. La riqueza inamovible del país, señalaban, era la población, y en ella había que invertir.

Qué contraste: mientras en México tenemos que enfrentar un intento de reforma laboral regresiva y depauperadora de la población, en España se está planteando, para hacer frente al desempleo –y con severas críticas de las centrales sindicales–, medidas como la reducción de la jornada de trabajo con el pago mínimo de 67 por ciento de las horas no laboradas; medidas como la absorción por el erario de parte de las indemnizaciones que se paguen a quienes sean despedidos con 33 días por año trabajado; el subsidio fiscal a empresas que contraten jóvenes sin experiencia laboral. Y a nadie le ha pasado por la cabeza argumentar que tales propuestas atentan contra la productividad.

Aquí, nos dicen, las arcas públicas no dan para más. Bueno, reconozcan que dan para un poquito más: ¿Cuánto dinero ha invertido el calderonato en publicidad para justificar su no inversión en la gente? ¿Cuántas camionetas blindadas de un millón de pesos se habrán comprado este año los representantes populares? ¿Cuántos miles de millones de dólares se regalan a Repsol por contratos mafiosos de abasto de gas natural a la CFE? ¿Cuántas carretadas de dinero entrega el Conacyt a las trasnacionales para que financien investigaciones que sólo benefician a sus accionistas? ¿Cuánto dinero sigue repartiendo el Procampo entre narcos y funcionarios del sector agrario? ¿A cuánto ascienden los subejercicios en las dependencias del gobierno federal?

Es dable exigir que las autoridades hagan cumplir las leyes laborales tal como son, no sólo porque es su obligación, sino también porque ello es indispensable para reactivar el mercado interno, reducir el sector informal y restituir la confianza de los trabajadores mexicanos en su país, en sus instituciones y en su propio futuro.

La contrarreforma laboral propuesta por el calderonato es un acto de cinismo, una inmoralidad y una nueva agresión a una masa trabajadora sacrificada y devaluada durante décadas para impulsar la riqueza extrema de unos cuantos. Los asalariados no deben permitir que se haga realidad.

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