Con el propósito de evitar que las reclusas sean explotadas sexualmente, el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF) emitió una circular a todos los juzgados para poner candados a los pedimentos judiciales referentes al trasladado de estaas mujeres a penales varoniles.

El presidente del máximo órgano de justicia de la capital, Édgar Elías Azar, explicó que estas peticiones deberán ser firmadas exclusivamente por los secretarios de acuerdo y/o el juez, además de que las autoridades penitenciarias deberán verificar la autenticidad de los pedimentos.

Aunque reconoció que un descuido del tribunal y del sistema penitenciario facilitó la aparición de una presunta explotación sexual en los reclusorios, minimizó las denuncias en torno a una supuesta red, al señalar que se trata de casos aislados.

En entrevista luego de presentar una serie de indicadores para verificar el respeto a los derechos humanos de quienes se encuentran bajo proceso penal o civil, señaló que se tienen detectados tres juzgados en los que hubo irregularidades, así como los funcionarios que participaron en las mismas, quienes, dijo, son empleados menores, mecanógrafas y taquígrafas, que falsificaron la firma de los secretarios de acuerdos.

Elías Azar advirtió que el personal involucrado en estos casos ya es investigado por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, y de comprobarse su responsabilidad quedará fuera del TSJDF.

El ombudsman capitalino, Luis González Placencia, cuestionó que la subsecretaria del Sistema Penitenciario, Celina Oceguera, minimizara esta situación, pues si el TSJDF ha reconocido irregularidades en los juzgados y la PGJDF realiza una investigación, quiere decir que ahí esta la evidencia, por lo que el siguiente paso es trabajar para resolverlo.