La Cámara de Senadores aprobó anoche en comisiones, en lo general, la ley de seguridad nacional, por la cual se legaliza la participación temporal del Ejército en la lucha contra el narcotráfico y se establece que los militares que cometan delitos contra civiles sean juzgados en tribunales del fuero común.

No obstante que por la mañana el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, solicitó a los senadores que no tocaran el fuero militar y que esperaran la iniciativa de Presidencia, la mayoría de PRI, PRD y PAN aprobó una redacción, que remite a la Constitución y los tratados internacionales, con la finalidad de que los integrantes de las fuerzas armadas que cometan violaciones graves a los derechos humanos de ciudadanos en operativos contra el narcotráfico, respondan por esos actos ante el fuero común.

El senador Pablo Gómez, del PRD, votó en contra. Consideró que la modificación debía ir más a fondo, ya que no puede legalizarse que los militares sigan en tareas policiacas, aunque sea de forma temporal y reglamentada, sin asegurar la protección de derechos básicos de la población.

También el senador Felipe González, del PAN, votó en contra del artículo 72; fundamentalmente porque pretendía que no se tocara el fuero militar.

Su compañero de bancada Santiago Creel propuso que se remitieran a la Constitución; pero el perredista René Arce insistió en que no se podía aprobar el dictamen sobre la ley de seguridad nacional sin normar un punto tan delicado como la protección de los civiles, sobre todo en la actual coyuntura, en que han muerto ciudadanos inocentes en fuego cruzado entre el Ejército y los delincuentes.

Arce destacó que puede presentarse una situación más delicada en la que muchos civiles resulten afectados, y los responsables no sólo serán los militares, sino los legisladores que no reglamentaron su actuación.

El presidente de la Comisión de Gobernación, Jesús Murillo Karam, presentó una propuesta de redacción del artículo 72 de la ley, que salvó la discusión y logró el voto de la mayoría de los perredistas:

En las tareas de auxilio de la fuerza armada permanente a la que se refiere este título, las conductas que sus miembros realicen y pudieran ser constitutivas de delito, que afecten a personas civiles, serán perseguidas y sancionadas por los tribunales competentes, con estricta observancia de los principios de objetividad, independencia, imparcialidad, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 13 y 133 constitucionales.

El artículo 13 constitucional señala que cuando en un delito o falta del orden militar estuviese complicado un paisano, conocerá del caso la autoridad civil que corresponda. Y el artículo 133 determina la vigencia de los tratados internacionales, y se menciona como referencia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que sentenció al gobierno mexicano a cambiar la legislación en materia de fuero militar.

En la reunión de ayer de las comisiones de Gobernación, Seguridad Pública y Estudios Legislativos segunda se aprobó también que una vez promulgada la ley, habrá un plazo de 90 días para el retiro definitivo del Ejército a los cuarteles y sólo podrán permanecer aquellos que cumplan con las nuevas disposiciones.

Es decir, que el Congreso local solicite apoyo del Ejército al Consejo Nacional de Seguridad Nacional y que éste emita una declaratoria de afectación a la seguridad interior, que permitiría a los militares auxiliar a la autoridad civil de algún municipio, estado o región para combatir a narcotraficantes y otras bandas criminales.

Durante la discusión, que se prolongó casi cinco horas, los senadores aprobaron cambios de fondo: se eliminó el requisito de que el Senado aprobara el envío temporal de tropas a alguna entidad, y se decidió que la actuación de los militares se restringirá al combate al crimen organizado y no podrán ser convocados en caso de movimientos sindicales, sociales o político-electorales, aunque éstos provocaran alguna afectación a la seguridad interior.

En el primer proyecto de borrador que presentó Murillo Karam la semana pasada, se otorgaba al Senado la facultad de aprobar que el Ejecutivo hiciera uso del Ejército y la Armada para enviarlos a combatir el narcotráfico; pero este miércoles, en otra reunión de comisiones, presentó otro proyecto de dictamen del cual se eliminó esa propuesta.

Ayer, ese tema dividió a todas las bancadas, especialmente al PRI. Incluso el coordinador de los priístas, Manlio Fabio Beltrones, discutió en pleno salón de sesiones con Murillo y otros senadores, ante quienes insistió en que no podía darse esa facultad al Senado, que lo haría responsable también en caso de que haya muertos civiles durante los operativos militares.

También Pablo Gómez objetó ese punto, ya que la Constitución, afirmó, sólo faculta al Presidente de la República para disponer de las tropas.

Al final, en el artículo 69 se señala que el Senado sólo deberá revisar el procedimiento, para verificar que la declaratoria de afectación a la seguridad interior, que permite al Ejecutivo disponer de la fuerza armada permanente, se ajuste a la legislación. El dictamen sobre la ley se aprobó, en lo general, por mayoría.

Quedó pendiente la aprobación de las normas sobre retenes militares, pero los legisladores acordaron que el lunes próximo presentarán un texto alterno con la finalidad de que el dictamen se presente en primera lectura en la sesión del martes.