El Senado de la República cierra esta semana el periodo ordinario a toda prisa, con cuatro sesiones en las que se deberán aprobar cerca de 80 dictámenes, entre ellos las leyes en materia de seguridad nacional y combate a la criminalidad, pero es poco probable que salgan la reforma política y la legislación en materia de radio y televisión, ya que en el primer caso no hay acuerdo entre las fuerzas políticas y en el segundo la presión de los concesionarios de medios electrónicos es muy fuerte.

El martes se tiene programado aprobar la ley de seguridad nacional, en la que se indica el marco legal para que el Ejército participe en la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia organizada. En los días siguientes se votarán la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y la legislación antisecuestro.

Se trata del paquete de reformas que el presidente Felipe Calderón envió al Congreso en diciembre de 2008 y que luego de largas negociaciones está a punto de ser aprobado, una vez que se eliminaron cuestiones que encaminaban hacia la militarización del país, comentó el senador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Tomás Torres.

Con la ley de seguridad nacional que se aprobó en comisiones el jueves pasado, vamos a dar seguridad jurídica a las fuerzas armadas, en su acción de apoyo contra la inseguridad, pero también garantías a la ciudadanía de que no habrá excesos, abusos ni violación a sus derechos humanos, comentó el coordinador de los senadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Manlio Fabio Beltrones.

Explicó que en el dictamen de esa ley se resolvió la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya que se incluyeron disposiciones para que los miembros del Ejército que violen garantías fundamentales de ciudadanos respondan ante tribunales civiles. Ello es independiente de la reforma al Código de Justicia Militar que el gobierno de Calderón enviará al Senado antes del próximo periodo de sesiones que empieza en septiembre, recalcó.

En las cuatro sesiones de esta semana –trabajarán de martes a viernes– los senadores van a aprobar la minuta que expide la ley federal de protección de datos personales en posesión de particulares , a fin de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado, a efecto de garantizar la privacidad y el derechos a la autodeterminación informativa de las personas.

Hay dictámenes ya listos sobre salud, desarrollo rural sustentable y asuntos fiscales, y se trabaja en la propuesta presidencial de Ley de Asociaciones Público-Privados, que viene desde 2008, pero no se había dictaminado, porque avanza a un esquema privatizador.

La que se pretende que sea la principal reforma de esta legislatura, la política, está trabada y a menos de una semana del final del periodo es muy difícil que pudiera aprobarse. Hay consenso entre las fracciones en torno a diez temas, entre ellos referendo, iniciativa ciudadana, mecanismos constitucionales para sustituir al Presidente de la República en caso de ausencia definitiva, disminución del tamaño del Congreso y reconducción presupuestal.

Sin embargo, el coordinador del Partido Acción Nacional (PAN), Gustavo Madero, no se ha movido de la postura de rechazar que el Congreso ratifique al gabinete presidencial. A ello se suma la discrepancia en muchos puntos entre los senadores y diputados del PRI, por lo que es poco probable que se llegue a un acuerdo. De todas formas, el perredista Graco Ramírez, responsable de ese tema, hará un último intento por llegar a un consenso este lunes.

Igualmente, el presidente de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, Carlos Sotelo, convocó a reunión de este organismo para el martes, con miras a discutir el dictamen de la reforma integral a la Ley de Telecomunicaciones y Contenidos Audiovisuales. Dijo que el nuevo marco jurídico debe aprobarse, ya que hay acuerdo entre panistas y perredistas, a menos que el PAN no cumpla.

El hecho de que Madero agendó para el próximo miércoles la reunión con los integrantes de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT) no debe frenar el trabajo legislativo, sostuvo; sin embargo, el PRI ha insistido en que primero se debe escuchar a los concesionarios.