Aun con el gasto de casi 200 mil millones de dólares en programas sociales durante los últimos 25 años, el número de pobres pasó de 20 por ciento de la población a cerca de 50 por ciento, unos 53 millones de mexicanos, según cifras conservadoras, señala Genaro Aguilar, integrante del Sistema Nacional de Investigadores.

Indica que datos de los expertos revelan que hay unos 70 millones de personas en esa condición, y Oportunidades, el principal programa del gobierno federal contra la pobreza, no cumple con llegar a la gente que está en el nivel más bajo del ingreso y tampoco es transparente en la forma de definir el padrón de beneficiarios.

Oportunidades ha sido el mecanismo menos eficiente de combate a la pobreza en América Latina, porque carece de transparencia en la integración de los padrones de beneficiarios y no existe un ordenamiento jurídico que permita que los pobres que no son incluidos en él puedan ser integrados, explica el profesor de la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional (IPN).

Indica que, a diferencia de México, en Brasil hay leyes que permiten que los que no son pobres no entren al programa Bolsa Familia –el equivalente a Oportunidades– y que los que sí lo son puedan exigir su inclusión.

Evalúa que una de las razones por las que el mayor incremento de la pobreza se da en México, de acuerdo con datos del Banco Mundial difundidos la semana pasada, es que los programas no están diseñados en función de los más pobres. Explica que las reglas de Oportunidades permiten la exclusión del contingente de la población más pobre.

Otro problema, abunda, es que la pobreza no se resuelve con programas sociales, el camino debería ser un modelo económico que permita la creación de empleos bien remunerados y de manera sistemática, para que absorba la mano de obra que todos los años ingresa al mercado laboral.

Nos dicen que se crearon 390 mil empleos, pero hay un rezago de 3.5 millones, y esto se refleja en el sector informal, ya que en 1984 había 1.8 millones de personas en éste, pero ahora son más de 12 millones, crecieron 10 veces, lo cual genera condiciones precarias para la población que está en ese sector, y tampoco tienen un sistema de protección social, añade.

Refiere que anualmente se invierten en programas de combate a la pobreza unos 80 mil millones de pesos, lo cual ha dejado en los últimos 25 años un ejercicio de alrededor de 200 mil millones de dólares; sin embargo, la pobreza ha crecido. Esto quiere decir que la inversión no ha servido para revertir la miseria, el modelo económico privilegia las reglas del mercado y no crea mecanismos para abatir la pobreza.

Recuerda que en 2009 el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social habló de un aumento de 6 millones de personas en pobreza, con datos a 2008, pero mi estimación era que en los primeros tres años habría un total de 10.5 millones de pobres adicionales a los de 2006. Este gobierno ha salido reprobado en materia de desarrollo social. La política económica que ha generado este número de pobres no cambia.

Clientelas políticas, las favorecidas

Refiere que ha encontrado que quienes se encargan de integrar el padrón de Oportunidades en las comunidades o en las colonias, esperan a que los líderes correspondientes les digan a quién incluir, por lo que hay población que recibe el recurso y no es la que está en la parte más baja de la distribución del ingreso. Son las clientelas políticas que son integradas al programa, la gente más pobre que no está relacionada con esos líderes es excluida.

En un análisis sobre los planes, sostiene que hay un sistema de protección social compuesto por innumerables programas y políticas sectoriales, algunos opuestos a otros, de baja eficacia y eficiencia, de vida efímera e impermeable al control ciudadano.

Asienta que la falta de control en el gasto social se percibe en que no hay un padrón nacional de beneficiarios de los programas sociales, donde se pueda identificar con precisión quién y cómo reciben los beneficios de los programas sociales nacionales, estatales y municipales.

Se carece de mecanismos de control ciudadano y transparencia en la ejecución de los recursos de combate a la pobreza, lo que se traduce en que muchos programas públicos profundizan, en lugar de atenuar, las desigualdades, asevera.