Las comisiones unidas de Gobernación, Estudios Legislativos y Estudios Legislativos Primera pospusieron para este martes la discusión sobre la minuta referente a la ley reglamentaria del artículo 6 de la Constitución en materia de derecho de réplica, el cual destaca que toda persona de manera individual o colectiva podrá ejercer este derecho respecto de la información inexacta o falsa que emita cualquier medio de comunicación legalmente constituido y que considere le cause un agravio.

El documento, elaborado por el presidente de la Comisión de Gobernación, el senador Jesús Murillo Karam, no fue circulado ayer para evitar que hubiera filtraciones toda vez que el tema ha generado inconformidad, particularmente en las televisoras.

La minuta enviada por la Cámara de Diputados al Senado  establece que la crítica periodística será sujeta al derecho de réplica en los términos previstos en esa ley, siempre y cuando esté sustentada en información falsa o inexacta o cuya divulgación le cause un agravio a la persona que lo solicite, sea político, económico, en su honor, imagen, reputación o vida privada.

Prevé sanciones por el incumplimiento de esta ley, que van de 60 mil a 700 mil pesos, así como multas de 5 mil días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal cuando el medio de comunicación, productor independiente o agencia de noticias no publique la réplica dentro de los plazos establecidos, entre otros.

Durante la sesión de comisiones unidas de ayer, a la que asistieron cuatro de los cinco comisionados del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), se revisaron alrededor de 12 observaciones a la Ley de Acceso a la Información y se dejó sin cambios el apartado referente a la Protección de Datos Personales.

Quedaron pendientes dos apartados relativos a las facultades del IFAI, que en algunos casos los legisladores del PAN consideraron excesivos, en especial cuando se pide que todas las instancias de gobierno documenten no sólo los actos que deriven del ejercicio de sus atribuciones, facultades o funciones, sino inclusive los procesos deliberativos, figura que deberá ser precisada en una nueva redacción.

De igual forma, el artículo 19 bis, cuando se deja a discreción del instituto o la instancia equivalente la valoración objetiva que permita asegurar que los beneficios sociales de divulgar la información sean mayores a la eventual afectación de los intereses de los particulares o de aquellas entidades paraestatales que enfrenten competencia económica, ya que los legisladores panistas consideraron que el órgano referido podría tener algún interés particular, más allá del promovente para difundir determinada información.

El debate más prolongado fue en torno al artículo 18 bis. El enviado del gobierno federal se empeñó en convencer a los legisladores de que la información tocante a fideicomisos, aun cuando se integren con recursos públicos, deberían mantener esa condición, argumento rechazado por el perredista Pablo Gómez, el propio Murillo Karam y el panista Alejandro Zapata Perogordo, sólo defendido por el senador del albiazul Felipe González.

La Ley Federal de Protección de Datos Personales quedó sin cambios y en ella se reconocen nuevos derechos de los ciudadanos para proteger su privacidad y pedir acceso, rectificación, cancelación u oponerse al tratamiento de sus registros individuales que tengan empresas, escuelas, bancos, editoriales o cualquier otra institución privada.