Petróleos Mexicanos (Pemex), mediante abogados privados, lleva a cabo una persecución sin tregua de todos los miembros de la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros (UNTPP), la cual obtuvo apenas en enero pasado su registro como nuevo sindicato de la paraestatal. Incluso, ya despidió a todos los miembros del comité ejecutivo, y mediante chantaje obliga a los trabajadores a firmar su renuncia a la organización, y quienes no aceptan son despedidos de inmediato.

Funcionarios de diversas unidades de Pemex mandan llamar a los trabajadores afiliados a esta Unión, les entregan el documento, que es un machote de renuncia a su sindicato, y les indican que tienen que firmar si quieren conservar el empleo: les dicen que piensen en ellos... en sus familias... y si no aceptan, de inmediato desactivan su tarjeta de trabajadores, al otro día no pueden entrar a sus oficinas, les suspenden su pago y quedan en el limbo, denunció el secretario general de la UNTPP, Didier Marquina Cárdenas.

Trabajadores como Maricarmen Camacho, de las oficinas centrales de Pemex; Magdalena Torres, de la refinería de Tula; Alejandro Corona Bahre, de la Torre de Pemex; Fabiola Carolina Navarrete, son algunos de las decenas de despedidos que no aceptaron firmar el documento de renuncia a la unión.

Señalaron a este medio que sus jefes inmediatos les entregaron en realidad dos documentos a firmar; el primero es una carta-machote que va dirigida al secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón; la segunda está titulada a nombre del presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, y en las dos supuestamente renuncian a su filiación a esta unión, e incluso piden que se le quite el registro a este sindicato porque los engañó.

Marquina Cárdenas apuntó que la persecución es de tal forma, que está despedido todo el comité ejecutivo, la mayoría de cuyos integrantes fueron sacados de sus centros de trabajo por la fuerza, e incluso en algunos casos con militares que resguardan las instalaciones de Pemex. Dijo que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) tiene la lista de casi 200 trabajadores que firmaron para pedir el registro de esta organización ante la Dirección del Registro de Asociaciones, y contra ellos se están yendo porque los tienen identificados.

Comentó que se trata de una cacería mayúscula que busca terminar con este sindicato, el cual logró su reconocimiento oficial luego de una ardua lucha legal de varios años.

Acciones similares se llevaron a cabo en 2008; son los mismos métodos y estrategias que se utilizaron para desincentivar la organización de los trabajadores, sostuvo Marquina Cárdenas, y agregó que en prácticamente todos los centros de trabajo se cometen serias violaciones laborales para atacar a esta unión; incluso incurren en delitos por transgredir la Ley de Responsabilidades de los Funcionarios Públicos, además de que violan el estado de derecho, ya que la juez primero de distrito, María Soledad Rodríguez González, otorgó un amparo contra actos de cualquier autoridad.

Por esta razón ya se presentaron denuncias penales contra funcionarios de Pemex como José Chávez Mercado, gerente de la Refinería de Tula, Hidalgo, y Esperanza Contreras, encargada del área de recursos humanos de la misma, por haber obligado a trabajadores a renunciar a la unión.

Marquina Cárdenas señaló que Antonio Murillo Soberanis, de la dirección corporativa de administración de Pemex, es el principal operador de este proceso. Sin embargo, explicó que el abogado Roel Pavón, de un despacho privado ubicado en Paseo del Pedregal, es el que se está encargando de dar trámite a estas renuncias.

Los procedimientos legales de los despedidos se han interpuesto ante los juzgados de distrito en materia administrativa del Distrito Federal, y se presentaron demandas también contra funcionarios de la refinería de Minatitlán; contra el subdirector de ingeniería y desarrollo de obras de la Marina Noreste, Sergio Aceves Borbolla, y Julio Isacc Sánchez Villanueva, jefe de recursos humanos en Ciudad del Carmen, Campeche.