Al condenar la emboscada que sufrieron este martes los integrantes de la Caravana de Apoyo y Solidaridad con el Municipio Autónomo de San Juan Copala, en Oaxaca, en la cual perdieron la vida dos adherentes de la otra campaña del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (CDHFBC) declaró en Chiapas que el ataque es responsabilidad del Estado mexicano, por no cumplir con sus obligaciones de prevenir y proteger el derecho a la vida al no brindar la protección adecuada y al no generar las condiciones para erradicar las agresiones por parte de agentes estatales o de particulares en contra de los defensores de derechos humanos.

El Centro Las Casas exige una investigación exhaustiva, eficaz e imparcial, castigando a las autoridades responsables por acción u omisión en estos actos, así como a los autores materiales del atentado, identificados como miembros del grupo priísta de corte paramilitar Unión de Bienestar Social para la Región Triqui (Ubisort).

Antes de la emboscada, que es el ataque paramilitar más grave desde la masacre de Acteal en 1997, el dirigente de Ubisort, Rufino Juárez, había anunciado en conferencia de prensa y declaraciones a una radiodifusora comercial, que sus huestes impedirían el tránsito de la caravana. Ninguna autoridad evitó el ataque. Este miércoles, sin embargo, Ubisort negó su responsabilidad, demandó la presencia del Ejército federal y aseguró que habría sido un autoatentado del propio municipio autónomo, cuyos miembros buscaron la manera de ser mártires para llamar la atención de la sociedad. Similar argumento usaron las autoridades oaxaqueñas hace tres años para desvirtuar el asesinato del periodista estadunidense Brad Will.

El CDHFBC señala que, según la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el respeto por los derechos humanos en un Estado democrático depende en gran parte de las garantías de que gocen los defensores para desplegar libremente sus actividades, y que es conveniente prestar especial atención a las acciones que limiten u obstaculicen su trabajo.

A su vez, Enlace Zapatista, el portal electrónico que difunde las informaciones del movimiento del EZLN de Chiapas y de la otra campaña, reivindicó a los dos activistas fallecidos como adherentes de la Sexta declaración de la selva Lacandona. Se trata de Beatriz Alberta Cariño Trujillo, del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos (Cactus), y Tyri Antero Jaakkola, originario de Finlandia, adherente de la Zezta Internacional y colaborador desde hace tres meses del colectivo, también de la otra campaña nacional, Voces Oaxaqueñas Construyendo Autonomía y Libertad (VOCAL).

El CDHFBC destaca que la caravana se dirigía a San Juan Copala para dar cobertura a maestros que regresaban a impartir clases, llevar alimentos a la población, cercada por el grupo paramilitar Ubisort, y documentar violaciones a los derechos humanos que sufren las comunidades.

Exige al gobierno de México garantizar medidas precautorias para proteger la vida, la integridad y seguridad de los integrantes de la caravana; demanda acciones urgentes para dar con el paradero de las personas heridas o desaparecidas, y poner fin al cerco armado que vive el municipio.