La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inocentes a las indígenas queretanas Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio de los cargos que les imputó la Procuraduría General de la República (PGR), y ordenó su inmediata liberación.

En sesión histórica, la Corte se erigió en tribunal de apelación este miércoles –por primera vez desde la reforma al sistema de justicia de 2005– para revisar una sentencia dictada en litigio penal. Los cinco ministros de la primera sala coincidieron en que hubo una desafortunada injusticia y diversas violaciones procesales en el juicio contra las indígenas.

Alberta y Teresa fueron excarceladas a las 18 horas del penal femenil de San José El Alto, Querétaro, luego que cuatro horas antes la Corte revocó la condena de 21 años de prisión impuesta en febrero pasado por el juez cuarto de distrito en esa entidad, Rodolfo Pedraza Longi.

Por unanimidad de cinco votos, la SCJN determinó que no se acreditó siquiera que hubo secuestro, pues los seis elementos de la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI) que acusaron a las dos indígenas de ese delito incurrieron en infinidad de contradicciones, además de que la PGR no aportó evidencia adicional que demostrara la participación de las acusadas en el supuesto plagio.

La PGR acusó a González y Alcántara de los delitos de privación ilegal de la libertad en agravio de servidores públicos, y en el caso de la segunda agregó el de posesión de cocaína, que también fue revocado por la Corte, pues aunque los ministros señalaron que sí se encontraron residuos de la droga en el lugar donde trabajaban las acusadas, la fiscalía no logró acreditar que Alberta hubiera tenido el estupefaciente en su poder.

Al exponer sus argumentos, los ministros cuestionaron las acciones de la PGR y del juez de primera instancia. Consideraron que el fallo de la Corte implica un mensaje a las autoridades del país para que no se vuelvan a repetir asuntos de este tipo.

Los ministros entendimos que cuando está en juego la libertad, cada día es importante, y hoy esta injusticia que percibimos ha quedado plenamente acreditada. Si es verdad que un solo inocente en prisión es una vergüenza para un sistema de justicia, lo es más cuando se trata de integrantes de grupos vulnerables, destacó Arturo Zaldívar al exponer los argumentos por los que la Corte se inclinó por ordenar la libertad de las indígenas.

Advertimos desde un principio que este asunto olía a injusticia; advertimos que era altamente probable que dos indígenas estaban en prisión desde hace casi cuatro años de manera injusta.

Zaldívar agregó que el asunto es de especial gravedad, porque implica trato injusto y discriminatorio contra dos indígenas mexicanas. “La decisión que hoy votamos tiene dos efectos: uno concreto e inmediato, que es la libertad de Alberta y de Teresa; el segundo es el valor del precedente que esta primera sala envía a las autoridades de nuestro país, coadyuvando de manera muy clara a decir: ‘queremos que este tipo de casos no sigan ocurriendo, y cuando ocurran, debe haber jueces para remediarlo’”, destacó Zaldívar.

Sin debate, los ministros Juan Silva Meza, José Ramón Cossío, Jesús Gudiño Pelayo y Zaldívar avalaron el proyecto de resolución elaborado por Olga Sánchez Cordero, e hicieron un reconocimiento al equipo de la ministra, que en sólo cinco semanas preparó el dictamen que fue turnado la semana pasada a los integrantes de la Corte.

Sánchez Cordero explicó que durante el proceso contra las indígenas los policías acusadores se contradijeron repetidamente sobre la forma en que se desarrollaron los hechos, lo cual obligó a la Corte a negar cualquier valor de indicio que pudiera sustentar una condena.

Gudiño cuestionó que “si los policías, como afirman, fueron privados de su libertad para pedir un rescate en dinero, ¿por qué no reportaron el evento ante sus superiores jerárquicos?

Si (los agentes de la AFI) fueron retenidos a cambio de un rescate, ¿por qué no se emplearon estrategias policiacas para su liberación, y lejos de aportar recursos de su propio peculio, acudir a mecanismos como la negociación con los secuestradores o el diálogo con la población?, agregó Gudiño en alusión a declaraciones de los agentes de que ellos mismos juntaron en cuestión de horas 70 mil pesos para pagar el rescate.

Desde que fueron detenidas ambas mujeres –junto con Jacinta Francisco Marcial, declarada presa de conciencia por Amnistía Internacional y excarcelada en septiembre pasado tras ser exculpada por la PGR de los mismos delitos que imputó a Teresa y Alberta– el caso provocó reclamos de organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales.

También se pronunciaron por la inocencia de las tres indígenas la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Senado y el gobierno de Querétaro.

La pesadilla que vivieron estas mujeres comenzó en marzo de 2006, luego que una llamada anónima denunció a la PGR la venta de discos pirata en el tianguis ubicado en Santiago Mexquititlán, Amealco, Querétaro.

Seis elementos de la AFI acudieron al mercado y buscaron a una mujer descrita en la denuncia como La Güera. Al intentar arrestarla, los agentes fueron enfrentados por decenas de locatarios que, supuestamente, los llevaron a una base de la policía municipal.

El caso de Alberta se ha vuelto el más emblemático, porque durante su reclusión dio a luz a una niña que estuvo con ella en la cárcel casi un año.