El vocero de la Procuraduría General de la República (PGR), Ricardo Nájera Herrera, afirmó que la institución acatará en todos sus términos la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el caso de las indígenas Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, por lo que no interpondrá ningún recurso para evitar que regresen a la prisión donde estaban internadas desde agosto de 2006, acusadas por el presunto secuestro de seis agentes federales en Santiago Mexquititlán, Querétaro.

Funcionarios del Ministerio Público Federal señalaron que no iniciarán ninguna investigación, porque no hay denuncia formal contra los servidores públicos que integraron la averiguación en la que se basó la acusación contra las indígenas otomíes, en la cual la Corte señaló que hubo graves irregularidades, como  fabricación de pruebas y testimonios.

Consultado luego que la Corte dio a conocer su veredicto en el caso de Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, Nájera Herrera señaló que la posición de la institución es que acatará en todos sus términos el fallo de la SCJN. No hubo más.

Otros funcionarios refirieron que en los altos mandos se planteó que la PGR actuó con los elementos de prueba que se obtuvieron entonces, de donde se desprendían las acusaciones contra Jacinta Francisco Marcial (liberada en 2009), Alberta Alcántara y Teresa González.

Según la versión ofrecida por el MPF de fecha 5 de agosto de 2006, las tres mujeres “fueron aprehendidas en el municipio de Amealco de Bonfil por agentes de la PGR por su presunta responsabilidad en el secuestro de seis agentes federales.

De acuerdo con las investigaciones realizadas, los locatarios fueron incitados por las tres inculpadas para cometer dichos actos de delito y evitar el cumplimiento de la ley por parte de los efectivos federales, concluyó el comunicado oficial.