La mayoría del PRI-PAN en el Senado aprobó en lo general la Ley de Asociaciones Público-Privadas, pero al final la legislación no pasó y quedó pendiente para el próximo periodo de sesiones.

Los partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Convergencia aprovecharon que buena parte los priístas se habían retirado durante la discusión en lo particular de la ley para amenazar con abandonar el recinto, lo que habría roto el quórum e impedido que se llevara a cabo una segunda sesión citada para la tarde.

Desde un principio, senadores de PRD, PT y Convergencia demandaron diferir la discusión de esa iniciativa presidencial, que según denunciaron en tribuna Ricardo Monreal, Alfonso Sánchez Anaya y Fernando Perdomo Bueno, permitirá a empresas nacionales y extranjeras construir y operar plantas eléctricas, hospitales, escuelas, instalaciones hidráulicas y cárceles, ya que tendrán libertad para dar todo tipo de servicios en la administración pública federal.

¡Es un atraco, un asalto en despoblado!, exclamó Ricardo Monreal, luego de que el presidente de la Comisión de Comercio, el priísta Eloy Cantú, presentó adiciones al dictamen para resolver, dijo, algunas preocupaciones de senadores. Mencionó que en la iniciativa original de Calderón se establecían contratos por 50 años y se bajó a 40, además de que no serán los oficiales mayores, sino los secretarios de Estado los que podrán otorgarlos.

Monreal insistió en que se trata de una renuncia vergonzante del Estado mexicano a seguir cumpliendo con los fines que la Constitución le señala, porque las trasnacionales se van a poder meter en todo, sin ningún control presupuestal y sin que la inversión se asuma como deuda pública.

Sánchez Anaya dijo que con esa ley se posibilita que la iniciativa privada nacional y extranjera controle en México el agua, la electricidad, las carreteras, las telecomunicaciones, sin ninguna supervisión.