La exigencia de que el Ministerio Público Federal intervenga en el rescate de dos informadores de la revista Contralínea –que inicialmente fueron reportados como desaparecidos en San Juan Copala, Oaxaca, el pasado martes– derivó en una zacapela de granaderos con estudiantes e integrantes de organizaciones civiles frente a las oficinas de la Procuraduría General de la República (PGR).

Periodistas, militantes de la Asamblea Popular de Pueblos de Oaxaca (APPO), de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, estudiantes de las universidades Nacional Autónoma de México (UNAM) y Autónoma Metropolitana (UAM) e indígenas oaxaqueños marcharon del hemiciclo a Juárez a la PGR para exigir su intervención con la finalidad de liberar a los periodistas David Cilia y Erika Ramírez, a quienes se reportó como desaparecidos luego que una caravana civil internacional que se dirigía a San Juan Copala fue atacada a balazos por un grupo de paramilitares, presuntamente de la organización priísta Unión de Bienestar Social para la Región Triqui, con saldo de dos personas muertas, una de ellas de nacionalidad finlandesa.

El contingente marchó sin incidentes y solicitó que una comisión de 10 personas se entrevistara con el fiscal para agravios contra periodistas, Gustavo Salas Chávez, y con el procurador Arturo Chávez Chávez. Los encargados de la seguridad del inmueble les dijeron que los atenderían tres agentes del Ministerio Público –que no tenían conocimiento del caso– y que turnarían su petición a otras instancias.

Esa respuesta provocó molestia entre los manifestantes y un grupo decidió cerrar los carriles centrales de Paseo de la Reforma cerca de las 17 horas.

Treinta minutos después arribaron 200 integrantes granaderos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, y con escudos antimotines replegaron a empujones a estudiantes, indígenas y miembros de organizaciones civiles hasta las inmediaciones del edificio de la PGR.

La demanda de entrevista con el procurador Chávez Chávez no fue atendida y, ante lo ocurrido con los granaderos, familiares de los reporteros David Cilia y Erika Ramírez, así como otros miembros de Contralínea, solicitaron a los manifestantes que se retiraran para evitar una confrontación mayor.

La reportera Ana Lilia Pérez indicó que esperarían a que las autoridades les dieran audiencia con el propósito de solicitarle que el Ministerio Público Federal investigue lo ocurrido con sus compañeros en Copala.

Más tarde, la PGR dio a conocer que inició la averiguación AP/PGR/OAX/HL-1/102/2010, por violación a la ley federal de armas de fuego, ya que en San Juan Copala se utilizó armamento de calibres de uso reservado a las fuerzas armadas.