Ahora que estamos libres sí tenemos miedo de que ellos quieran vengarse otra vez de nosotras por haberlos sacado a la luz pública, pero si no los sacábamos siempre iba a seguir pasando lo mismo, afirmó ayer Teresa González Cornelio al narrar, junto con Alberta Alcántara Juan, lo que vivieron durante tres años y ocho meses de reclusión acusadas de haber secuestrado a seis policías de la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI).

En las instalaciones del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, las ñañús de la comunidad Santiago Mexquititlán, Querétaro, exigieron a sus acusadores –incluido el juez cuarto de distrito de Querétaro, Rodolfo Pedraza Longi, quien las condenó a 21 años de cárcel como presuntas responsables de secuestro– una disculpa pública.

También demandaron justicia para todos aquellos que están injustamente presos por delitos que no cometieron. Hay mucha gente inocente, la mayoría, que somos pobres, humildes, y no tenemos dinero para pagar lo que estamos pagando por presuntos delitos o a veces ni siquiera es cierto, dijo Teresa.

Sus abogados, parte del Centro Pro, informaron que preparan una estrategia para lograr la reparación de daño, concientes de que los mecanismos judiciales en México son insuficientes e ineficientes.

Leopoldo Maldonado y Andrés Díaz explicaron que presentarán una demanda contra la Procuraduría General de la República, con base en la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, suponiendo, y también estando en la sapiencia, de que la reparación (del daño) se acota a lo económico, pero tiene que haber un perdón público, medidas de no repetición, etcétera. Tienen un año para interponer la acción.

La ley indica los montos específicos que pueden solicitar, de acuerdo con el salario que dejó de percibir un trabajador, y si no fuera determinable este monto en nómina, son 20 mil cuotas de salario mínimo, multiplicado por los días que permanecieron en prisión; mil 400 días aproximadamente, especificó Díaz.

Otra medida de reparación de daños, indicó su colega, sería sancionar administrativa o penalmente a las autoridades que participaron en la fabricación del delito contra las indígenas. En concreto: policías federales de investigación y agentes del Ministerio Público; en el campo del Consejo de la Judicatura, sanciones administrativas para el juez de la causa.

Las indígenas mostraron ayer, ante decenas de medios de comunicación, su alegría porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó, un día antes, su inmediata liberación al no acreditarse los delitos que les imputaron.

Alberta dijo que también tiene miedo, como Teresa, porque a la hora de arrestarme me detuvieron con engaños, pero exigió que sus acusadores emitan una disculpa pública.

Su hermano Gabriel –esposo de Teresa, presente en la conferencia de prensa con su pequeña hija, nacida en prisión– señaló que le gustaría que se sancionara a personas como el juez, porque gracias a él hay mucha gente inocente que está encarcelada por delitos fabricados.

Luis Arriaga, director del Centro Pro, y Alberto Herrera Aragón, director de Amnistía Internacional, sección México, denunciaron que el caso de las indígenas demuestra irregularidades estructurales en el sistema de procuración e impartición de justicia en el país. Un aparato, coincidieron, con una enorme ineficacia y visibles deficiencias. 

Por otra parte, mediante un comunicado, la oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos hizo un llamado al Estado mexicano para que investigue la responsabilidad de los funcionarios que habrían obrado fuera del marco legal con el fin de privar de la libertad injustamente a Alberta y Teresa, vulnerándose otros de sus derechos humanos.