La mayoría de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN) en el Senado aprobó en lo general la Ley de Asociaciones Público-Privadas, pero al final la legislación no pasó y quedó pendiente para el próximo periodo de sesiones.

Los partidos de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y Convergencia, aprovecharon que buena parte los priístas se retiraron de la discusión en lo particular de la ley para amenazar con abandonar el recinto, lo que habría roto el quórum e impedido que se llevara a cabo una segunda sesión, citada para la tarde de ayer.

Desde un principio, senadores de PRD, PT y Convergencia demandaron diferir la discusión de esa iniciativa presidencial, que según denunciaron en tribuna Ricardo Monreal, Alfonso Sánchez Anaya y Fernando Perdomo Bueno, permitirá a empresas nacionales y extranjeras construir y operar plantas eléctricas, hospitales, escuelas, instalaciones hidráulicas, cárceles, ya que tendrán libertad para dar todo tipo de servicios en la administración pública federal.

¡Es un atraco, un asalto en despoblado!, exclamó Ricardo Monreal luego que el presidente de la Comisión de Comercio, el priísta Eloy Cantú, presentó adiciones al dictamen, para resolver, dijo, preocupaciones de algunos senadores. Mencionó que en la iniciativa original de Calderón se aceptaban contratos por 50 años y se bajó a 40 años, además de que no serán los oficiales mayores sino los secretarios de Estado los que podrán otorgarlos.

Monreal insistió en que se trata de una renuncia vergonzante del Estado mexicano a seguir cumpliendo con los fines que la Constitución le señala, porque las trasnacionales se van a poder meter en todo, sin ningún control presupuestal y sin que la inversión se asuma como deuda pública.

En nombre de la bancada perredista, Sánchez Anaya dijo que al aprobar esa ley se está posibilitando que la iniciativa privada nacional y extranjera controle en México el agua, la electricidad, las carreteras o las telecomunicaciones sin control alguno.

Fernando Perdomo, senador de Convergencia, resaltó el riesgo de dejar abiertos los tipos de servicios, ya que se puede otorgar al sector privado, conjuntamente con el gobierno, contratos en que no queda registro de qué tipo de deuda se genera.

El panista Rubén Camarillo sostuvo que no hay riesgo de privatización, ya que quedan a salvo las actividades exclusivas del Estado, reguladas por el artículo 27 constitucional.

Una vez que la ley se votó en lo general, los perredistas Rosalinda López, Rubén Garibay, Rubén Vázquez y Silvano Aureoles presentaron reservas a 13 artículos de la ley y Monreal a 65.

Ricardo Monreal comenzó a argumentarlos uno a uno, entre protestas de priístas y panistas. Es una táctica dilatoria, acusó Francisco Arroyo.

Algunos senadores del PRI fueron saliendo del salón, luego de más de dos horas de discutir esa ley, y a las 16:19 horas el presidente en turno, el perredista Arturo Núñez, debió cancelar la sesión por falta de quórum, ya que sólo había 65 senadores. Citó a otra sesión para las cinco de la tarde.

En el receso, el perredista Tomás Torres advirtió al coordinador del PAN, Gustavo Madero, que de no bajar el dictamen se retirarían junto con los senadores del PT y de Convergencia. En el PRI hicieron cuentas, no lograban reunir el quórum y faltaba por aprobar la Ley Antisecuestro.

Al iniciar la segunda sesión de trabajo se aprobó una moción suspensiva y la discusión de Ley de Asociaciones Público-Privadas se difirió para septiembre. Por lo pronto les paramos su intención privatizadora, comentó Monreal.

En la segunda sesión de ayer, el pleno aprobó con 59 votos en favor, 19 en contra y cinco abstenciones, la minuta por la que se reformó la Ley de Caminos, Puentes y Autotransportes Federales, por el que las concesiones carreteras actuales se prorrogan por 30 años. El PRD votó dividido.