El director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Luis Arriaga, aseveró: Nadie regatea al Ejército los logros que ha tenido en el desarrollo de su función constitucional; vemos con preocupación que se eche mano de las fuerzas armadas para suplir la ineficiencia que hasta hoy persiste en las instancias civiles, para cuyo refuerzo no existen planes claros; ésa es la realidad.

Entrevistado sobre los señalamientos que hizo el presidente Felipe Calderón en Puebla, en relación con que el Ejército continuará en las calles y que a pesar de las críticas éste ha cumplido, Arriaga resaltó: En ese discurso hay una ausencia, de parte del Ejecutivo, de las violaciones a los derechos humanos que han cometido los militares.

El director del Centro Pro aclaró: “Lo que recriminamos al Ejército es que cometa violaciones a derechos humanos en los operativos contra el crimen organizado, ése es el punto; las violaciones están documentadas tanto por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) como por las organizaciones civiles”.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el 134 periodo ordinario de sesiones efectuado en marzo del año pasado, dijo que ve con preocupación que algunos países de la región sigan empleando la justicia militar para investigar y juzgar delitos comunes perpetrados por los miembros de las fuerzas armadas o de la policía.

En su informe 2009, la CIDH reiteró que la jurisdicción militar es excepcional y debe ser utilizada para delitos de función, es decir, conductas militares en servicio activo que atentan contra bienes jurídicos castrenses.

El organismo añade en el informe que los estados tienen la obligación de suministrar recursos judiciales efectivos a las víctimas, y éstos son los recursos penales de la jurisdicción ordinaria, independientemente de si las violaciones a ser juzgadas fueron cometidas por militares.

Arriaga manifestó a su vez que no se trata de un problema que se deba resolver con buenas intenciones, sino de condiciones estructurales que impiden a las autoridades civiles establecer controles efectivos sobre las fuerzas armadas.

Recordó que este año la Corte Interamericana de Derechos Humanos ventilará tres expedientes en los que los responsables de violaciones fueron militares: el caso de los ecologistas de Guerrero Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, y las violaciones sexuales de las indígenas Inés y Valentina.