El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) sostuvo que, según estimaciones de instituciones nacionales e internacionales, el costo de la inseguridad en México sobrepasa el 15 por ciento del producto interno bruto (PIB), lo que para efectos comparativos significa que dicha problemática genera costos que equivalen a más del doble de lo que el país gasta en educación en un año.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 2008 el gasto público en educación alcanzó 6.3 por ciento del PIB, mientras el año pasado las participaciones federales a estados y municipios apenas alcanzaron 3.2 por ciento del producto.

En su análisis semanal, el organismo explicó que los estudios que intentan cuantificar los costos asociados a la inseguridad generalmente subestiman los cálculos.

En dichos análisis, aseguró, sólo se toman en cuenta los costos asociados directamente con los delitos, y suelen pasarse por alto todos los recursos que se invierten para tratar de protegerse y aquellos que asumen una vez que fueron víctimas de la inseguridad, además de las pérdidas materiales que genera la delincuencia.

La inseguridad, que afecta gravemente la vida diaria de los mexicanos, no sólo daña el patrimonio de las personas, sino que su incidencia va mucho más allá, pues pone en riesgo aspectos como la vida, la libertad y la salud de los individuos, señaló el CEESP.

Agregó que cada año enormes cantidades de recursos son desviados de actividades productivas para tratar de prevenir y combatir los efectos negativos que esta problemática acarrea, lo cual obstaculiza tanto el desarrollo como el crecimiento económico.

Entre los principales costos generados por el crimen y la violencia, el organismo destacó la destrucción de infraestructura, el ambiente de incertidumbre que genera para los negocios, pérdidas de capital humano y la desviación de recursos necesarios para actividades prioritarias como educación y salud, hacia el combate a la delincuencia.

Círculo vicioso

La delincuencia induce a las personas a involucrarse en actos criminales en lugar de actividades socialmente productivas, aparte de la pérdida de vidas humanas por el delito de homicidio, señaló.

Además, dijo, se genera un círculo vicioso en el cual una alta tasa de criminalidad desalienta la inversión, frena el crecimiento económico, se profundiza el desempleo y se incrementa la pobreza y desigualdad económica, lo que a su vez genera más crimen y violencia.

De no controlarse la delincuencia, el riesgo de que el país caiga en un círculo vicioso de mayor desigualdad y pobreza, que conduzca ineludiblemente a un mayor nivel de criminalidad, aumenta peligrosamente, advirtió el CEESP.

Finalmente, indicó que además de representar una pérdida para los afectados, la inseguridad actúa como un impuesto expropiatorio que afecta la asignación de recursos y deteriora el estado de derecho.

La debilidad de un estado de derecho que proteja la integridad física de las personas y de los bienes genera un ambiente poco propicio para la inversión y el comercio, lo que impacta negativamente la formación de capital, la competitividad de las empresas y la generación de empleos productivos, sostuvo.