a violencia estructural característica del gobierno ulisista entró de nuevo en escena el pasado 27 de abril con la emboscada a la caravana de paz que intentaba romper el cerco en que se tiene al municipio autónomo de San Juan Copala. El asesinato de la destacada activista Beatriz Cariño Trujillo, del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos (Cactus), y del internacionalista Tyri Antero Jaakkola, originario de Finlandia, forma parte de la cadena de impunidad en la entidad y particularmente en la región triqui. Lamentablemente, detrás de ellos están muchas otras víctimas cuyos crímenes no han sido esclarecidos ni sus responsables sancionados.

La condena nacional e internacional a los homicidios más recientes no ha logrado hasta ahora una respuesta congruente de los gobiernos estatal y federal.

El gobierno del estado de Oaxaca es directamente responsable por acción u omisión, pues está obligado a garantizar el respeto a los derechos humanos individuales de todas y todos, así como a los colectivos de los pueblos indígenas, que resultan por desgracia tan ajenos a sus prácticas propias de los señores de horca y cuchillo. Bien sabemos que el blindaje político que a escala nacional ha recibido el ulisismo le ha permitido sostenerse no obstante la fuerza social opositora desplegada particularmente en 2006. Del calderonismo ni sus luces: se limitó a que la PGR atrajera la investigación sobre los ominosos hechos del pasado 27 de abril.

Es de señalar que en las diversas acciones de solidaridad y protesta, San Juan Copala aparece generalmente como el lugar de destino de la caravana agredida y en algunos casos se refiere la situación grave que viven las familias sin agua, luz eléctrica, servicios educativos, alimentos.

Sin embargo, el abrumador impacto del atentado contra defensoras y defensores de derechos humanos, las víctimas individuales, no debe hacernos pasar por alto, así sea de manera involuntaria, que estamos ante un eslabón más del hostigamiento persistente contra un esfuerzo colectivo por ejercer el derecho a la autonomía por parte de un sector del pueblo indígena triqui.

Asunto sumamente complejo, pues se da en el marco de un pueblo dividido, con añejos conflictos y enfrentamientos internos a los cuales el Estado no ha sido ajeno. No estamos, entonces, ante un pueblo unido que como tal demanda al Estado sus derechos colectivos. Una parte del mismo decidió hace tres años optar por la construcción autonómica del municipio de San Juan Copala, asumiendo válidamente que el núcleo esencial de la creación jurídico política de un municipio reside en la decisión mayoritaria de los habitantes del territorio correspondiente, y que tienen respaldo en los derechos como pueblos indígenas reconocidos en el plano internacional. Es necesario destacar que no están usurpando la representación de todo el pueblo triqui; han concentrado su fuerza en un municipio. Por ello, junto a la intervención de relatores de la ONU sobre derechos humanos individuales debería hacerlo el relativo a pueblos indígenas.

El accionar paramilitar de una de las fracciones triquis en pugna, la priísta Unión de Bienestar Social para la Región Triqui (Ubisort), es ejemplo de los instrumentos del Estado para mantener el conflicto con la apariencia de que lo es sólo en el plano intracomunitario, estrategia que se ha empleado en otras entidades con resultados dramáticos. En este caso dicha organización ha sido señalada como la responsable del atentado contra la caravana civil de paz.

La violencia viene de fuera. Así le comentó un anciano triqui a Blanche Petrich (La Jornada, 22/4/08). En efecto, sin la añeja intervención estatal posiblemente los triquis dirimirían sus diferencias de manera pacífica. Es importante recordar cómo les fue arrebatado el carácter de municipio en 1948 por una hegemonía política en el estado que desde entonces ha criminalizado la lucha social. Los triquis se han rebelado una y otra vez ante la injusticia; por ello, como documenta ampliamente Francisco López Bárcenas, han sido estigmatizados de manera racista y me temo que esta construcción histórica ha permeado en el resto de pueblos indígenas en Oaxaca, que de una u otra manera hacen sentir que los triquis son algo aparte. Quizá por ello, dentro del cúmulo de protestas y reacciones a la agresión sufrida por la caravana solidaria con el municipio autónomo, no destacan las organizaciones indígenas de la entidad.

Ante una situación así, desde Serapaz se vienen realizando esfuerzos por mediar entre el MULT (Movimiento de Unificación y Lucha Triqui) y el MULTI (ahora municipio autónomo). Se requiere la convicción de ambas partes sobre la necesidad de construir un acuerdo de coexistencia en lógica de paz, amerita un claro deslinde frente al accionar paramilitar de UBISORT y contra la impunidad. De otra manera el Estado seguirá capitalizando sus diferencias.