El embajador de Estados Unidos en México, Carlos Pascual, elogió la decisión de la justicia mexicana que autorizó la extradición del ex gobernador de Quintana Roo Mario Villanueva Madrid, y consideró que es un hito muy importante en los esfuerzos para enfrentar la amplia corrupción que los cárteles de la droga generan en ambos lados de la frontera.

En otra muestra de nuestra creciente cooperación en temas legales, Estados Unidos y México extraditaron con éxito el 8 de mayo a una pieza clave del comercio internacional de narcóticos ilícitos, Mario Villanueva Madrid, con el fin de que haga frente a la justicia en una corte federal bajo los cargos de conspiración para lavar dinero producto del narcotráfico y de sobornar a funcionarios públicos. Villanueva también enfrenta cargos de conspiración con fines de exportar y distribuir narcóticos en Estados Unidos, declaró el diplomático en un comunicado.

Pascual informó que la visita que inicia hoy a México el procurador general de Justicia Adjunto de Estados Unidos, Lanny A. Breuer, servirá para revisar con el titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Arturo Chávez Chávez, la cooperación para enjuiciar a los delincuentes.

Mientras, Ricardo Nájera, vocero de la PGR, sostuvo que la entrega de Villanueva no violó ninguna ley, y la muestra es que las acciones de defensa que desde 2007 hizo valer el extraditable en México no le dieron la razón.

Frente a las críticas de los abogados del ex funcionario y del gobernador quintanarroense, Félix González Canto –quienes cuestionaron el traslado de Villanueva–, el vocero destacó que consideramos, sin lugar a dudas, que tenemos la razón jurídica en todos los sentidos.

El domingo, un día después de que autoridades mexicanas entregaron a Villanueva Madrid, su abogado Horacio García Vallejo informó a este diario que presentaría una queja ante un tribunal unitario de circuito por la posible violación a una suspensión en vía de amparo que presuntamente impedía que el ex gobernador fuera movido del Reclusorio Norte. Mientras el gobernador González Canto consideró injusta la extradición, porque el ex funcionario ya había sido procesado y sentenciado en el país.